Sesiones Plenarias

El pasado 1 de junio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, prestación cuyo objeto es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se trata de un derecho subjetivo a una prestación económica de carácter no contributivo.

Esta prestación responde a las recomendaciones procedentes del ámbito europeo, una de las cuales -entre otras varias-está recogida dentro de los veinte principios fundamentales adoptados en la Cumbre social a favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017, el Pilar Europeo de derechos Sociales. Hablamos del principio 14, el cual está dedicado a la renta mínima y señala que "Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral".

Como vemos, el objetivo de la prestación avanza en unos nuevos derechos del individuo más efectivos que, más allá de satisfacer unas condiciones materiales mínimas, lo cual es de justicia, busca la plena participación de la ciudadanía en la vida social y económica del país, rompiendo la frecuente correlación entre la ausencia estructural de recursos y la falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo o social de las personas. la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tal como el propio real decreto señala, trasciende la dimensión coyuntural del actual contexto de crisis sanitaria, social y económica provocado a causa de la COVID-19, se incorpora con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social, y viene a equilibrar la configuración de un sistema evolucionado compuesto por la doble esfera contributiva y no contributiva.

Se consuma así la doctrina constitucional que concibe la Seguridad Social como una Ilfunción del Estado" (STC 37/1994), vinculando este precepto con otros del mismo texto constitucional en el que se propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento y ampara el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la dificultan.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente

MOCiÓN

Punto único:

Instar al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a reconocer el avance social que supo­ne la implantación del Ingreso Mínimo Vital como un derecho subjetivo a una presta­ción económica que permite a las personas -y, por tanto, a miles de zaragozanos y zaragozanas-una vida digna, eludiendo las situaciones de exclusión socio-económica