Sesiones Plenarias

D. Pedro Santisteve Rache, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común, viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis del coronavirus ha obligado al Estado a tomar medidas extraordinarias para hacer frente a estas circunstancias dramáticas, pero es indudable que las Entidades Locales están jugando y jugarán un papel fundamental en la batalla contra la pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Esto significa que los Ayuntamientos tienen que tener instrumentos y un margen de maniobra adecuados para gestionar sus recursos y atender las necesidades de la ciudadanía, pero no los tienen.

Aprovechando la crisis de 2008, PSOE YPP pactaron en 2011 la modificación del Artículo 135 de la Constitución Española, con la que impusieron la prioridad del pago de la deuda por encima de cualquier necesidad social. De esta forma todas las Administraciones Públicas se vieron encorsetadas y coartadas en su autonomía. Como desarrollo de esa modificación, se aprobaron otras medidas como la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo que permitió profundizar en este ataque que tiene como objetivo último vaciar de contenido las entidades locales: un ejemplo de ello es la imposición de la tasa de reposición que ha reducido las plantillas de los Ayuntamientos y con ellas la capacidad de actuación de estas administraciones, que se ven paulatinamente abocadas a la privatización de servicios. Siempre ha sido necesario, pero ahora quizás sea todavía más evidente: hay que eliminar la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo, frenar el adelgazamiento de las entidades locales y prestar los servicios públicos necesarios.

De la misma forma, hay que flexibilizar la regla de gasto establecida en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de tal manera que los Ayuntamientos puedan disponer de sus superávits o remanentes sin restricciones injustificadas. El objetivo de esta propuesta es poder hacer frente a los gastos derivados de la gestión de la crisis, pero no solo en materia de servicios sociales, sino también en cualquier otro ámbito afectado por la pandemia, como por ejemplo los transportes públicos: en Zaragoza también, la enorme bajada en número de viajeros/as en los autobuses y tranvías, generará unos costes muy importantes para el Ayuntamiento, y deberíamos poder afrontarlos también a través del remanente, además de la negociación con la empresa Avanza y la SEM del tranvía, para que no solo el Ayuntamiento se haga cargo de la situación.

Al preverse grandes gastos y una reducción de ingresos, es imprescindible llevar a la práctica una política fiscal que permita al Ayuntamiento obtener los recursos precisos: ahora más que nunca es necesaria una fiscalidad progresiva, es decir un sistema en el que se exige más esfuerzo fiscal a quien más recursos tiene. A lo largo de este periodo de confinamiento hemos visto como varias grandes empresas han hecho donaciones para contribuir a la batalla contra el virus: pues bien, con una fiscalidad progresiva, el Ayuntamiento puede encauzar de forma ordenada, duradera y por lo tanto más eficaz, esa solidaridad económica. Por una parte el gobierno municipal puede tomar medidas en esta dirección, como la fijación de un umbral de 800.000 euros de valor catastral en lugar del millón de euros actual, para exigir más contribución fiscal a un mayor número de grandes propiedades; pero por otra parte es también necesario instar al Gobierno Central a ampliar las competencias y capacidades de las entidades locales en materia de fiscalidad, de tal forma que se pueda profundizar en la fiscalidad progresiva y avanzar hacia un modelo cada vez más justo.

En lo que respecta a las ayudas sociales y específicamente a las ayudas de urgencia, su consideración como subvenciones ha supuesto, desde la aprobación del nuevo presupuesto municipal, una importante burocratización y su subordinación a criterios puramente contables y administrativos. Todo ello supone, como bien reconoce la FEMP, un impedimento en la respuesta ágil yflexible a las situaciones de necesidad detectadas, máxime en momentos como el actual en que estas van a sufrir un incremento exponencial, por lo que es necesario remover al máximo los obstáculos para su implementación.

El Ayuntamiento de Zaragoza se beneficiaría de los cambios a nivel estatal que hemos mencionado, pero hay que tener en cuenta su especificidad. Desde la llegada del nuevo Gobierno PP-Cs, Zaragoza ha sufrido recortes en derechos sociales, primero a través de modificaciones de créditos, y después con la aprobación del presupuesto de 2020. Estos recortes del Gobierno Azcón han situado a nuestra ciudad en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia, por lo que el primer paso a dar es precisamente revertirlos.

Asimismo, entendemos que el presupuesto de 2020 tiene que ser modificado para que las necesidades sociales de la ciudadanía sean la prioridad: esto significa que hay que desechar proyectos costosos y con escaso beneficio social, para invertir los recursos municipales en medidas que sí palien los efectos negativos de la crisis.

Por ello presentamos la siguiente

MOCiÓN

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a eliminar la tasa de reposición en las Administraciones Públicas.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a flexibilizar la regla de gasto para las Entidades Locales que disponen de remanente o superávit, con independencia de que cumplan los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para hacer frente a todo tipo de gastos extraordinarios ocasionados por la crisis, incluidos los relacionados con los déficits del transporte público.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a ampliar las posibilidades de los Ayuntamientos en materia de fiscalidad, e insta al Gobierno de la ciudad a elaborar unas ordenanzas fiscales según el principio de la fiscalidad progresiva, para cobrar más a quien más tiene, y menos a quien menos tiene.
4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a sustituir la función interventora por el control financiero permanente en materia de gestión de ayudas sociales y a no considerar como subvenciones las prestaciones económicas de las Entidades Locales destinadas a personas en situación o riesgo de exclusión.
5. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a revertir los recortes en derechos sociales realizados desde el comienzo de esta legislatura y a modificar el Presupuesto de 2020 priorizando la inversión social.