Sesiones Plenarias

D. FERNANDO RIVARÉS ESCO, portavoz del Grupo Municipal de Podemos­Equo del Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho básico recogido en artículo 47 de la Constitución que protege el «disfrute» de una vivienda por parte de toda la población. Además, el mismo artículo impone a los poderes públicos obligaciones referidas al uso del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación, y a la garantía de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos.

Por su parte, el artículo 53.3 de la Constitución establece que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores de la política social y económica (entre los que se encuentra el derecho a la vivienda) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. En consecuencia, la legislación y la actuación pública en materia de vivienda deben destinarse a garantizar el disfrute del derecho constitucional a la vivienda, no solo a través de las políticas de fomento, sino también a través de los límites y vínculos a los derechos patrimoniales.

La vivienda es un derecho y un bien de uso de primer orden que debe protegerse y garantizarse frente a la creciente consideración deshumanizada de un bien de inversión y mercantilización, tal y como ha sido en los últimos años. Los poderes públicos han fomentado durante décadas la adquisición en régimen de propiedad como vía prioritaria, casi única, de acceso a la vivienda para la mayoría de la población. Una política que ha dado enormes beneficios al sector inmobiliario­financiero y que, en cambio, ha provocado la crisis habitacional más grave de los últimos años, que ha vulnerado el ejercicio del derecho a la vivienda a gran parte de la población en estos años de crisis. Modificar esta deriva es un reto del mundo actual, no solo en nuestra ciudad y nuestro país sino en muchas ciudades del planeta.

Son muchas las ciudades europeas y americanas, como en el estado de California y la metrópoli de New York, que toman medidas de control de precios. En Berlín, donde el 80% de la población vive arrendada, el pasado mes de octubre, se reguló por ley el precio de los alquileres, siguiendo el modelo de otras ciudades europeas como París, Copenhague, Londres o Viena, la pionera en adoptar medidas de garantía habitacional, regulando y fijando un techo de precios de alquiler.

En el Congreso de los Diputados durante la pasada legislatura no llegó a ver la luz un proyecto de ley estatal de vivienda, pero si Proposiciones No de Ley en las que se habilitaba a los ayuntamientos para intervenir en el mercado del alquiler, para atajar los alquileres abusivos, para dar garantías a personas arrendatarias y pequeños propietarios, y crear un parque público de alquiler. El objeto de esta normativa es adoptar las medidas oportunas para posibilitar que los municipios que acrediten incrementos de precios de alquiler desmesurados puedan, en coordinación con las Comunidades Autónomas, regular estos alquileres abusivos. Con ello se abre una vía para que desde los municipios, en Coordinación con las CCAA se pueda intervenir.

Así mismo, se solicitaba la necesaria modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de ámbito competencia! estatal, para revertir la situación de vulnerabilidad a la que actualmente están expuestas las personas arrendatarias.

El reciente informe del Ministerio de Fomento publicado en octubre de este año, desvela datos muy preocupantes referidos a nuestra ciudad de Zaragoza donde actualmente hay unas 52.000 viviendas en régimen de alquiler y cuyos alquileres se han incrementado de modo abusivo, siendo un 27% más caros que hace cuatro años, lo que implica una creciente precarización de las condiciones de vida de muchas familias y vecindad de Zaragoza. Las recomendaciones de la Untón Europea señalan que debe haber un mínimo de 1 O % de viviendas públicas dedicadas en su mayor parte al alquiler. En la actualidad, Zaragoza Vivienda gestiona 2.415 viviendas. Los datos muestran pues que el porcentaje de vivienda pública en alquiler en la ciudad apenas alcanza un exigüo 3 %.

Por todo ello, el grupo Podemos-Equo presentamos para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

1. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a reclamar al Estado y al Gobierno de Aragón la capacidad legal y administrativa que le permita a las administraciones locales, regular el mercado del alquiler de vivienda, con el fin de impedir subidas abusivas mediante el control de los precios, garantizando un alquiler seguro y estable, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler.
2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a incrementar progresivamente el parque público de vivienda hasta los estándares europeos del10% de vivienda pública.
3. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a rehabilitar vivienda de manera sostenible bajo los principios de eficiencia energética, estableciendo una primera fase la actuación en unas mil viviendas en toda la ciudad.