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Barcelona, Madrid y Zaragoza piden al Ministerio de Fomento que ejerza sus competencias y regule las licencias a VTC

07/06/2017.

Las tres ciudades reclaman al Ministerio que se garantice el cumplimiento del reglamento del sector con medidas adicionales


Entre otras cuestiones proponen que el Ministerio impida la transmisión de licencias VTC a otro privado; que exista el derecho de tanteo y retracto por parte de la administración o la revocación de licencias por cuestiones de oportunidad

El Ministerio de Fomento, comunidades autónomas y ayuntamientos celebraron este martes una reunión sobre la problemática existente entre las VTC y los taxis, a la cual asistieron la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve y la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona i presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), Mercedes Vidal, entre otros representantes municipales. Las tres ciudades insistieron en la necesidad de restaurar el marco legal para que se cumpla el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre, del Ministerio de Fomento, que regula que no debe haber más de una licencia VTC por cada 30 taxis.

Actualmente se encuentran pendientes de decisión judicial las concesiones de 10.000 licencias de VTC en toda España, que previsiblemente irían a engrosar las nuevas plataformas digitales que utilizan las VTC para dar un servicio de transporte a demanda y no a ofrecer el servicio para las que están destinadas; eso sin duda agravaría aún más el panorama y constituiría una amenaza para el sector del taxi. Ante esta situación, las tres ciudades piden al Ministerio que se busque una fórmula legal para cumplir la normativa que regula el sector.

Peticiones conjuntas

El Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Zaragoza comparten el mismo planteamiento para abordar esta situación, que depende también de las comunidades y del Estado. Estas instituciones solicitan una normativa específica para las VTC que evite la conflictividad mientras no se resuelvan cuestiones de futuro. En concreto, solicitan al Ministerio que, atendiendo a sus competencias, regule:

  • La imposibilidad de transferir las licencias VTC a otro privado.
  • El ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte de la administración.
  • La revocación de licencias por cuestiones de oportunidad y su amortización por parte de la Administración.
  • La revocación de licencias por inactividad o por exceso de actividad en otra comunidad autónoma diferente de aquella que le otorgó.
  • Facultar a las administraciones autonómicas para que de forma obligatoria, ante el otorgamiento de licencias VTC, tengan que solicitar a las Administraciones locales competentes informe de seguridad, y aspectos medioambientales, en el marco de los planes de movilidad urbana de carácter metropolitano y local, así como de los planes y programas de calidad del aire.
  • La obligación de incorporar a los vehículos de las licencias VTC los elementos tecnológicos, que permitan hacer un seguimiento del control de la actividad de la licencia en su ámbito territorial para hacer cumplir la normativa actual.
  • La determinación de la ratio de licencias VTC por parte de las entidades locales y según las necesidades que en cada momento tengan los municipios, al margen de la relación 1/30 taxis-VTC que hay que mantener.

Falsas economías colaborativas

Se tiene que tener en cuenta que la aparición de estas nuevas modalidades de explotación del servicio, (plataformas digitales) supone en términos económicos, sociales y ambientales:

  • Que se utilice en el nombre de la economía colaborativa, servicios de transporte que rigen por un sistema de economía de mercado y en algunas ocasiones de tipo especulativo.
  • Que se operen mediante autorizaciones de licencia VTC que, a diferencia de las licencias de taxi, pueden establecer los precios libremente.
  • Que en la gran mayoría de casos se utilicen plataformas digitales que revierten los impuestos derivados de la actividad económica en el país donde reside la propia plataforma y que en algunas ocasiones éstos constituyen un paraíso fiscal.
  • Que suponen de facto una precarización de los trabajadores y trabajadoras, en ocasiones falsos autónomos.
  • Un incremento de los desplazamientos y la movilidad en automóvil y nuevos problemas de congestión, ocupación del espacio público y contaminación.
  • La utilización de un tipo de transporte individual en detrimento de un modelo de transporte público colectivo.

Inspecciones a los vehículos VTC

Desde los gobiernos locales se han reforzado las inspecciones a los vehículos VTC, en un compromiso para luchar contra el intrusismo en el sector del taxi. Para mejorar esta labor de inspección, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad firmaron un protocolo de colaboración, con el fin de aumentar la formación de la policía, entre otras cuestiones. También en Barcelona se han mejorado los protocolos de inspección gracias a una labor conjunta entre el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Metropolitano del Taxi y la Guardia Urbana. En este sentido, los ayuntamientos han mostrado su predisposición a colaborar con el Ministerio de Fomento en el ámbito de la inspección.