El Ayuntamiento de Zaragoza condena la expulsión de Marruecos de un grupo de juristas observadores de los Derechos Humanos
El Consistorio de la capital aragonesa ha celebrado hoy una nueva sesión de la Comisión de Información sobre el Sahara Occidental (CISO) en la que todos los grupos políticos del Ayuntamiento han condenado la expulsión por parte del Gobierno marroquí de un grupo de juristas que se encontraban en el país africano en una misión de observación de Derechos Humanos.
El CISO está presidido por la vicealcaldesa, Luisa Broto, y en el participan todos los grupos municipales, el Observatorio Aragonés de Derechos Humanos en el Sahara Occidental y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón Um-Draiga. La CISO es la única comisión informativa sobre el Sahara Occidental en un ayuntamiento español.
Tras su celebración hoy, todos los grupos políticos han firmado una declaración institucional en la que muestran su repulsa ante 'la expulsión de los territorios ocupados del personal civil de Naciones Unidas realizada por Marruecos recientemente' y ha pedido al Gobierno español y a la comunidad internacional 'que realicen las gestiones oportunas para que regresen y además se les dote de competencias para la supervisión de los Derechos Humanos'.
Mediante este mismo texto, el Consistorio de la capital aragonesa ha reclamado 'la liberación de todos los presos políticos saharauis encarcelados por ejercer sus derechos y libertades fundamentales' y ha denunciado la actitud del Reino de Marruecos que 'mantiene los territorios ocupados del Sahara Occidental cerrados a la presencia de observadores internacionales y periodistas'.
La declaración ha rechazado también los ataques a la libertad de circulación de personas que intentan realizar trabajos de vigilancia de los Derechos Humanos. Tal y como ha explicado la consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, 'ayer mismo tuvimos un claro ejemplo de cómo se comporta Marruecos en materia de Derechos Humanos tras detener y deportar a los integrantes de una delegación internacional de juristas (entro los que figura una abogada zaragozana) que se encontraban de visita en Rabat para interesarse por la situación de los presos saharauis de Gdeim Izik'. Broto ha denunciado la expulsión y ha pedido que el respeto de los Derechos Humanos esté por encima de cualquier otro motivo; económico, político o social'.
El pueblo saharaui, 40 años entre el exilio y la ocupación
El pueblo saharaui vive dividido desde 1975, año en el España abandonó la última colonia de África (todavía pendiente de descolonización) y el territorio fue invadido por Marruecos y Mauritania. Tras comenzar la guerra entre los saharauis que reclamaban su independencia y los ocupantes, miles de personas huyeron a Argelia, donde hoy se ubican los campamentos de refugiados. Allí sobreviven gracias a la cooperación internacional, en unas condiciones climatolológicas muy adversas y sin opciones de vida a la espera de que se solucione el conflicto. El resto de población permanece en los territorios ocupados por Marruecos bajo una dura represión.
La misión de juristas se disponía a visitar a presos saharauis en la cárcel de Salé, que acaban de concluir una huelga de hambre que ha durado más de un mes. A estas personas se les condenó a elevadas penas por participar en las primeras manifestaciones de la Primavera Árabe, en el conocido como campamento Gdeim Izik, situado en los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental, en el año 2010.
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