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El pasado 4 diciembre el Gobierno de Zaragoza, a propuesta del Consejero de Servicios Públicos Alberto Cubero, elevó a la Junta Consultiva de Contratación de Aragón la consulta sobre como debía certificarse el periodo de huelga en una contrata, así como cuáles serían las consecuencias contractuales que se derivarían de los datos irregulares en la subrogación de personal en un proceso concursal.
Con respecto a deducción del periodo de huelga, la junta Consultiva plantea que sólo deben abonarse los servicios prestados durante dicho periodo, con independencia del personal que secundó la huelga. El 10 de Junio de 2015, Jerónimo Blasco firmó por decreto la certificación de diciembre de 2014, en la que se regularizaba el periodo de huelga estableciendo la deducción en base al personal que trabajó durante la huelga. El actual Consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha señalado que se ha 'trasladado el informe de la Junta Consultiva al servicio para que recalcule la certificación en base a los criterios de los servicios prestados'. 'Ya el año pasado paralizamos esta certificación ante las dudas que nos suscitaba esta forma de deducir la huelga -prosigue-, además de lo sospechoso de que el decreto fuera firmado 3 días antes de la investidura de Pedro Santisteve'.

Por otro lado, la Junta Consultiva considera motivo de incumplimiento del contrato la subrogación de personal no adscrito a la contrata, puesto que según ha acreditado la inspección de trabajo en Marzo de 2015, la información relativa a los costes del personal no es correctamente suministrada por FCC. Ello, tal y como afirma la Junta Consultiva 'supone una vulneración del principio de transparencia, pero también del de no discriminación, pues, en tal caso, dicho adjudicatario estará en una clara situación de ventaja respecto de sus competidores'.

Cubero ha afirmado: 'Hemos remitido tanto el informe de la Junta Consultiva como el acta de la inspección de trabajo a los servicios correspondientes para que valoren la apertura de un posible expediente de sanción'. 'El hecho de incluir a 5 trabajadores ajenos a la contrata en el listado de personal a subrogar supone un acto de mala fe por parte de FCC, que se aprovecha de su situación de contratista para obtener una posición de ventaja en la adjudicación del nuevo contrato', concluye el Consejero.