Zaragoza Noticias

Zaragoza, lunes, 26 de mayo de 2014.-

El Ayuntamiento de Zaragoza recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia que anula la modificación del plan especial --que ampara la licencia-- del híper de Utrillas para tratar de evitar el cierre de los locales que se sitúan en las plantas sótano y para conseguir seguridad legal para esta gran superficie, que esta consolidada en el sector, tras 14 años de funcionamiento.
Esta decisión, que se dictaminará en la Comisión de Pleno de Urbanismo, que se celebrará el jueves, 29 de mayo, deberá ratificarse en Pleno.
El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la ordenación urbanística del entorno del centro comercial tras un largo proceso judicial y tras un pronunciamiento favorable a las tesis municipales por parte del TSJA sobre la construcción y explotación comercial de la planta sótano, que es el asunto que ha enfrentado a la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios (ECOS) con el consistorio.
En la exposición para presentar el amparo ante el Constitucional, la representación procesal municipal entiende que la sentencia del Supremo ha quebrado el principio de tutela judicial efectiva por haber sido modificadas resoluciones judiciales firmes y por haber dado ejecución a una sentencia fuera de sus exactos términos. 

Averly 

La Gerencia de Urbanismo reactivará además la tramitación del plan especial de Averly y concederá la licencia de derribo de la parte no declarada como Bien Catalogado por parte de Patrimonio del Gobierno de Aragón, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha levantado las medidas cautelares que prohibían la demolición de la parte no protegida.
En este sentido, Urbanismo ha recordado en distintas ocasiones que la concesión o la denegación de las licencias está al margen de las voluntades políticas, y sólo depende de que la petición cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos, ya que se trata de actos reglados y si se actuase de otra manera podría incurrirse en figuras de difícil calificación.
El grupo empresarial Brial adquirió en 2012 los terrenos de la antigua fundición con el objeto de realizar una nueva zona residencial, uso permitido por el PGOU desde 1986. En ese momento, surgieron voces contrarias a la intervención en ese sector, que terminaron con la decisión de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que es la competente en la materia, de ampliar a un 32% la superficie protegida --como Bien de Interés Cultural--, salvaguardando así la portada principal, en el paseo María Agustín, el edificio de la vivienda del propietario y su jardín, las oficinas y el taller de ajustes.
Sin embargo, una posterior reclamación a los tribunales recurrió la decisión de la DGA y pidió medidas cautelares (que ahora ha levantado el TSJA) para evitar cualquier derribo. Esta situación llevó al Ayuntamiento de Zaragoza a paralizar la tramitación administrativa de los expedientes relativos a Averly, de manera que se frenó el avance en el plan especial, que debe concretar el diseño urbanístico de la zona, una vez que se ha ampliado al 32% la zona protegida, y la licencia de derribo, que afecta al resto del viejo complejo industrial.
El TSJA aseguró en su fallo que, aunque las reclamaciones judiciales hayan llegado hasta el Supremo, a través de un recurso de casación de los movimientos que persiguen la protección total de Averly, éstas no condicionan el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los edificios de la fundición. 

Entorno del Portillo y la Intermodal 

La Gerencia de Urbanismo propondrá además dos modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, que permiten reordenar las viviendas proyectadas en los suelos que el Adif tiene en el Portillo. Así, Urbanismo ha accedido a una solución que pasa por trasladar las futuras 220 viviendas desde la zona que hoy ocupa el edificio de Correos y la vieja terminal ferroviaria de El Portillo a la esquina de la plaza de la Ciudadanía. La nueva organización no altera la edificabilidad permitida para la zona, pero permite a Adif sacar a la venta un suelo en condiciones más favorables, ya que entre otras cosas, no tiene cargas de urbanización, porque se encuentra junto a calles consolidadas con todos los servicios e infraestructuras.
Por otra parte, también se someterá a votación otra modificación aislada del PGOU que afecta al entorno de la Intermodal ( G-44-2) por la que en vez de mantener usos mixtos (residencial y terciario) en las distintas parcelas, se opta por unificarlos. De esta manera, unas tendrán un fin exclusivo residencial y otras acumularán todos los usos terciarios. Esta modificación, que no altera la superficie edificable ni el número de viviendas que se pueden proyectar, pretende únicamente dar respuesta a ZAV, que es la titular de los suelos, y que ve en esta ordenación una mejor fórmula para comercializar sus suelos. 

Zonas K 

Finalmente, la Gerencia de Urbanismo aceptará el desistimiento del Plan especial del área de intervención K-59-1, correspondiente al sector denominado Fuente de la Junquera, después de que los propietarios de la zona hayan expresado su decisión de paralizar el proceso por motivos económicos.
Se trata de un pequeño núcleo de 30 viviendas que en 2010 consiguió la aprobación inicial de su plan especial, es decir el primer trámite urbanístico para legalizar sus viviendas, y que recientemente los propietarios decidieron interrumpir por razones de índole económica.
Las zonas k son aquellas que tienen viviendas irregulares, que surgieron al margen del ordenamiento urbanístico hace 40 años, pero que reúnen diversos requisitos que pueden favorecer su regularización al estar muy cerca de la trama urbana. Son cinco parcelaciones, que tiene el proceso regularizador en diferentes fases, aunque ninguna está cerca de culminarlo.