El Gobierno de Zaragoza aprueba la subida salarial para el personal municipal
08 agosto 2018
En la reunión que ha celebrado en la mañana de hoy, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado la subida salarial para el personal municipal, en los términos recogidos en la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, una vez que éstos han entrado en vigor.
Concretamente, y con efectos desde el pasado 1 de enero, se va a aplicar un incremento de, 1,5% de las retribuciones respecto a las que estaban vigentes el pasado año, a las que hay que añadir un 0,25% más a partir del 1 de julio, ya que, tal y como recoge la Ley, el incremento del Producto Interior Bruto a precios constantes en 2017 ha alcanzado el 3,1%, por lo que es de aplicación esta subida adicional.
Con el acuerdo de hoy, el Gobierno de Zaragoza aplica a los empleados y empleadas municipales el incremento máximo permitido, ya que los porcentajes que marca la ley de los PGE señalan el tope que pueden aplicar las distintas administraciones, y no es obligatorio alcanzarlo.
Este incremento se aplicará, con las consideraciones recogidas tanto en la Ley como en el Pacto convenio para el personal municipal vigente desde 2016, a los diferentes conceptos que conforman la nómina del personal municipal (sueldo, antigüedad, complementos específico y de destino, pluses de festividad, turnicidad, nocturnidad, toxicidad, conducción, etc.). También se aplicará al complemento de acomodación del personal de Policía Local y Bomberos no reclasificado.
La subida será tanto para el personal funcionario como para el laboral y el eventual, y a ella podrán adherirse, en similares términos y condiciones, los Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y las sociedades de capital 100% municipal que se rijan por el convenio del Ayuntamiento.
Con todo ello, el Gobierno de Zaragoza ratifica y materializa su compromiso con la recuperación del poder adquisitivo del personal municipal, que ha sufrido una pérdida importante durante los años de la crisis económica como consecuencia de la congelación salarial en las administraciones públicas.
