El Gobierno de Zaragoza reafirma su compromiso con la devolución de la paga extra a los empleados públicos municipales

17 agosto 2015

Alberto Cubero, Consejero de Servicios Públicos y Personal, se ha reunido con representantes sindicales para informar sobre la devolución a los empleados municipales, del 25% de la paga extra de diciembre de 2012, una medida, anunciada por el Ministro Montoro, hace aproximadamente un mes. Cubero ha señalado que en estos momentos no hay soporte legal que permita adoptar esta medida en la administración local, "De hecho -ha destacado el Consejero- en el presupuesto aprobado para el ejercicio de 2015, no existe partida específica para asumir este pago que supone casi tres millones de euros, para las arcas municipales."

El Consejero ha reafirmado a los representantes de los empleados municipales el compromiso del actual gobierno con la devolución de la paga extra de 2012. "Sin embargo -ha insistido- en esto momentos no podemos avanzar cuándo se podrá abordar este compromiso. Habrá que esperar al resultado de la auditoría financiera interna y a la concesión por parte del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de los créditos solicitados para el pago de las sentencias judiciales pendientes".
Todavía no existe un Decreto Ley que sustente legalmente esta devolución de la paga, y así se lo ha hecho saber esta mañana el consejero a los representantes sindicales. En este sentido, ha recordado Cubero que, "cuando desde el Ayuntamiento de Zaragoza se quiso devolver la parte devengada de la paga extra de 2012, sin habilitación legal que lo sustentara, la propia Delegación del Gobierno en Aragón recurrió tal decisión".
Cubero ha querido dejar claro que el Gobierno Central, una vez más, ha hecho un uso electoralista de una cuestión tan sensible como es la remuneración de los empleados públicos, quienes han visto reducido su poder adquisitivo durante los últimos cuatro años del Gobierno Central del Partido Popular.
Para el consejero de servicios públicos y personal, "supone una enorme deslealtad institucional, exigir a quienes están de facto intervenidos desde el propio ministerio de hacienda y administraciones públicas, que a mitad de un ejercicio presupuestario, tengan que buscar recursos para resarcir a los empleados públicos por una decisión que se tomo en el propio gobierno central".