Organizaci�n Municipal

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 29.04.2016

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En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reducir las barreras no arancelarias y con el supuesto objetivo de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.

Desde entonces, UE y EEUU están negociando en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, sociales o en materia de sanidad y educación, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general.

Esta "mayor liberalización de las relaciones comerciales EE.UU-UE", tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, es decir de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, ya que se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta manera, y bajo este principio, se pondría fin al "Principio de precaución" vigente en Europa que regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos.

Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, con acuerdos que se están negociando en secreto, casi nula transparencia y sin ningún control por parte de organismos públicos que representan a la ciudadanía.

El TTIP, tiene entre sus objetivos la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas transnacionales. así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, lo que pone en peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las compras públicas, en todos los niveles, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo y las iniciativas locales.

Pero, sobre todo, el TIIP, ignora cualquier legislación estatal o local en materia de inversiones. Al introducir la cláusula 1505 de solución de controversias Inversionistas­Estado, permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos (local, regional, estatal) ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que estimen de manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las Administraciones Públicas para aplicar leyes en las áreas de salud pública, de medioambiente y protección social.

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran la legislación estatal, autonómica o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente

MOCiÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda:

1. Declarar Zaragoza como municipio opuesto el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) no aceptando ni sus principios ni objetivos, y comprometido en la defensa de los servicios públicos básicos para mantener la solidaridad y redistribución social.
2. Rechazar el oscurantismo con el que este proyecto se está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos y exigir transparencia en la elaboración del mismo y respeto a todos los Derechos de la ciudadanía, principalmente a los de carácter laboral, social, sanitario y medioambiental.
3. Dar apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles.
4. Que sean declarados bienes públicos no susceptibles de negociación de ningún tratado de inversión ni de transacción mercantil los servicios educativos, los servicios de salud, sociales, de pensiones, suministros de agua y energías.
5. Instar al Gobierno de España a solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad d, la suspensión de las negociaciones del TTI P Y otros acuerdos comerciales similares, con el objeto de conseguir:
   • Que mecanismos como el ISDS (lnvestor-to-State Dispute Settlement) no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado.
   • Defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente. Defender el principio básico democrático de soberanía e independencia nacional, salvaguardando todas las competencias de un Estado soberano, y voluntad popular.
   • Que los acuerdos de comercio e inversión entre la Unión Europea y otros países no se limiten a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y ambientales, preservando de forma incondicional los estándares de protección social y medio ambiental de la Unión Europea, incluida la protección de derechos laborales, libertad de asociación, derechos sindicales y salario mínimo interprofesional y derechos de los consumidores, protección sanitaria y fitosan itaria.
   • Que los servicios públicos sean excluidos de los acuerdos de comercio e inversión entre la Unión Europea y otros países.
   • Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público y democrático en España y en el conjunto de la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, y, puesto que los postulados del TTIP afectarán directamente a cuestiones vitales de la población, se someta el TTIP a un referéndum vinculante."

Fdo: Carmelo Javier Asensio Bueno