Organizaci�n Municipal

Mociones

Instar a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de estado en materia de violencia de género con el objetivo de combatir la misma desde su origen en la visión machista de superioridad del hombte sobre la mujer.

La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional. De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.

La mencionada ley integral y las posteriores leyes autonómicas que han profundizado en el desarrollo de aquella, son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.

El15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimi­dad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. El Congreso, en su sesión plenaria del28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado. U o pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.

 

Desde la óptica local, el Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda lle· var a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

A pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como sí 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.

El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente:

MOCION

  1. Instar a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales a reforzar y se­guir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violen­cia de género, con el objetivo de combatir la violencia de género que tiene su origen en la visión machista de superioridad del hombre sobre la mujer.
  2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.
  3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas.
  4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.