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Instar al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al rey y a la casa real de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal igualando la protección penal del honor de esta figura a la del resto de ciudadanos, e instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de Borbón

D. Pablo Muñoz San pío, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue "una expresión simbólica de la crítica política" y que los tribunales españoles, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión.

El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491). Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se tratan de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia.

Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es "la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas" añadiendo, además -en una Observación específica sobre este tema en 2011-la "gran importancia" que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a "la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática". Es por ello, dicen literalmente desde Naciones Unidas, que "todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política".

Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno se incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como recientemente ha sido aprobada a trámite en el Congreso una ley de protección de la libertad de expresión, impulsada por Izquierda Unida, que recoge precisamente este acuerdo.