Organización Municipal

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Insta a aplicar un recargo del 50% de la cuota líquida del IBI en aquellas viviendas desocupadas con carácter permanente en manos de grandes propietarios, con el objetivo fundamental de garantizar la función social de la vivienda y facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna.

La falta de vivienda, la imposibilidad de emancipación, los desahucios y las deudas arrastradas de por vida son factores que favorecen la exclusión de personas de nuestro sistema económico y soCial. Esta realidad se sigue produciendo en todo el Estado a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la propia Constitución, garantiza el derecho a una vivienda digna, accesible y adecuada. La legislación, además, no permite el uso antisocial de la propiedad, el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto ni las condiciones abusivas que buscan sacar provecho de un bien necesario. La defensa de la función social de una vivienda digna constituye, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas.