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El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo ante aquéllas medidas adoptadas en los últimos días por el Gobierno estatal que están suponiendo una vulneración de facto del derecho de la ciudadanía a expresarse libremente a favor del derecho a decidir de los pueblos.

El pasado miércoles 20 se vivieron en el Estado español diversas movilizaciones que reivindicaban el derecho a decidir de los pueblos y que estaban, lógicamente, relacionadas con el conflicto político que se está viviendo entre Cataluña y el Gobierno estatal.

El debate tiene poco recorrido cuando se aborda desde argumentos jurídicos puesto que queda fuera de toda duda que la consulta planteada por la Generalitat de Cataluña no tiene ninguna garantía legal y no puede ser considerado un referendum vinculante. Sin embargo, estamos ante un problema político y social que debe ser respondido con acciones políticas, no judiciales y policiales.

No debemos olvidar que, mientras en el Estado español, los llamados "partidos constitucionalistas" suman en el Congreso de los Diputados el 68,50% de los escaños, en el Parlamento catalán este porcentaje no llega al 40%. Por tanto, hay más de un 60% de diputados catalanes que están a favor de que el pueblo de Cataluña pueda votar. Estos diputados fueron elegidos democráticamente en el proceso electoral autonómico de 2015 que se produjo en la más estricta legalidad y que superó el 77% de participación. Eso es lo que votó la ciudadanía de Cataluña y por tanto hay una gran diferencia de peso político de unas posiciones y otras entre el Par/ament y el Congreso de los Diputados.

En el día de ayer tenemos que lamentar que muchas de las personas asistentes se vieron privadas de su derecho de libertad de expresión siendo identificadas, multadas e incluso volvieron a casa sin objetos personales que en ningún momento atentan contra el sistema jurídico estatal, únicamente expresan el derecho a decidir de un pueblo, ya sea aragonés, catalán u otro.