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Presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno apoye públicamente la ley de vivienda de la Plataforma de Afectados por la PAH con sus correspondientes 5 demandas para hacer frente a la emergencia habitacional (P-3363/2017).

D. Pablo Muñoz San pío, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Pese a aquellos que proclaman que la crisis ya ha concluido y que batimos récords de empleo y prosperidad, las cifras del Consejo General del Poder Judicial no engañan y los desahucios aumentan por primera vez en casi dos años con una subida del 2,2% en tasa interanual de desahucios practicados, más de 189 cada día. En el primer trimestre de 2017 han sido 403 los lanzamientos practicados en la provincia de Zaragoza, la mayoría de ellos vivienda habitual y situados en la ciudad de Zaragoza. La Oficina Municipal de Vivienda, también arroja datos insoportables: en 2016 se abrieron 396 expedientes de mediación de familias que enfrentaban procesos de pérdida de su vivienda habitual y 69 fueron realojadas en viviendas municipales. ¿Esta es la llamada recuperación?

Según el órgano de gobierno de los jueces, este incremento se debe, principalmente, al aumento de los desahucios de inquilinos derivados de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que alcanzaron los 9.612 (56,4% del total). También los datos disponibles ~e la Oficina Municipal de Vivienda confirman esta tendencia, arrojando porcentajes aún mayores -respecto a los facilitados por el CGPJ-a los desahucios por impago de rentas de alquiler. En total se abrieron 292 expedientes de mediación en 2016 por este motivo.

El mercado privado de alquileres es insuficiente, además sufre un proceso especulativo, y el argumento de agilizar "los desahucios a morosos" -vista con perspectiva-fue una cortina de humo tras la que se escondía recortar y limitar el derecho a la vivienda. Por ello, la reforma de la LAU beneficiaba a los arrendadores, que podrían deshacerse con facilidad de los inquilinos para alquilar los inmuebles a precios más elevados. Siendo una ley injusta con los más débiles. Es necesario recordar que una vez estallo la burbuja inmobiliaria y se produjo la estafa hipotecaria, las entidades financieras y fondos de inversión controlan ingentes cantidades de viviendas producto del desahucio de decenas de miles de familias. Dos ejemplos: Caixabank supera las 35.000 viviendas dedicadas al alquiler, y el fondo estadounidense Blackstone ya cuenta con más de 14.000.

La ONU, en concreto su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acaba de decretar a primeros de este julio, que España violó los derechos humanos al practicar un desahucio sin garantizar una vivienda alternativa por el Estado a una familia. La orden judicial de desahucio era legal pero el hecho de no proporcionar una alternativa habitacional vulnera los derechos humanos. Por ello la ONU determina que España debe formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda, además de recomendar que se adopten las medidas que sean necesarias para asegurarse que los desahucios a personas sin recursos sólo se ejecuten después de consultar a los afectados y a las autoridades estatales para que se les provea de una alternativa habitacional, sobre todo en los casos en los que haya menores de edad, personas mayores, personas dependientes o cualquier ser humano en situación de vulnerabilidad.

También se acaban de conocer cifras sobre la solución dada por la legislación española al drama de los desahucios, el Código de Buenas Prácticas (CBP), que en 5 años apenas ha practicado 7.095 daciones en pago y 7 quitas.

Este Código de adhesión voluntaria, pero de cumplimiento obligatorio, durante dos años para las entidades firmantes ha paliado en algunos casos el problema del sobreendeudamiento hipotecario, pero no ataca de raíz la causa que ya nadie niega que es una concesión irresponsable de crédito y del que muchas personas siguen quedando fuera con un número muy alto de denegaciones.

En este contexto sobre el problema, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lanza una campaña denominada "Ley de vivienda de la PAH" que tiene como finalidad las modificaciones de leyes que permitan conseguir la aplicación efectiva del artículo 47 de la constitución donde se habla del "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

La PAH insiste en que la administración debe adoptar medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de los inmuebles, muchos de los cuales se encuentran en manos de los bancos, para favorecer su puesta a disposición de las personas y colectivos con menos recursos, y exige también medidas para facilitar el realojo efectivo e inmediato de las personas desahuciadas de sus hogares.

Es conocido el sufrimiento humano que han supuesto los desahucios, la aplicación de la Ley hipotecaria española cuestionada reiteradamente por la legislación europea por las cláusulas abusivas que contempla, la pérdida de la vivienda habitual de miles de hogares, el sufrimiento de familias sumidas en la pobreza energética por cortes de suministro, o la angustia de tener que malvivir una familia en una habitación por falta de vivienda de alquiler social suficiente, ....

Por todo ello la PAH impulsa cinco demandas para hacer frente a la emergencia habitacional:

  1. DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
    • Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda.
    • lnembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas.
    • Eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas.
  2. ALQUILER ASEQUIBLE
    • Reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad.
    • Ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia.
    • Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.
  3. STOP DESAHUCIOS
    • Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda.
    • Obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio.
    • Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.
    • Obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación.
    • Asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos, ofreciéndoles en el mismo municipio y barrio.
  4. VIVIENDA SOCIAL
    • Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.
    • Incrementar el parque público de vivienda.
    • Alquileres Sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
  5. SUMINISTROS GARANTIZADOS
    • Principio de Precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las afectadas.
    • Tarifa Social: pago en función de la capacidad adquisitiva.
    • No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente

MOCIÓN

  1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apoya públicamente la Ley de Vivienda de la PAH con sus correspondientes 5 demandas para hacer frente a la emergencia habitacional.
  2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Españolas a llevar a cabo las modificaciones legislativas de las propuestas recogidas en la denominada "Ley de Vivienda de la PAH".
  3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apoya y facilita cualquier recurso necesario para la legislación y posterior aplicación de la denominada Ley de Vivienda de la PAH.