Organización Municipal

Mociones

Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a presentar un plan de mejora de la transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza que mejore con detalle los déficit detectados por el índice de transparencia internacional y que han llevado a que Zaragoza pierda la máxima puntuación en este índice en 4 de las 6 áreas (P-3353/17).

El Ayuntamiento de Zaragoza, obtuvo en 2014 la máxima calificación en el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos elaborado por la ONG Transparencia Internacional encargada de analizar los niveles de transparencia de instituciones, partidos y otras organizaciones. En cada una de las seis áreas de transparencia que analiza el citado informe, Zaragoza obtuvo la máxima calificación (lOO puntos) siendo uno de los 19 ayuntamientos (de llO analizados) que lo logró.

Sin embargo, en el informe conocido el pasado 7 de julio de 2017, esta situación ha cambiado sustancialmente a peor. Así, de una puntuación media de 100 puntos obtenida en el informe de 2014, se ha pasado a una media de 94,4, pasando del primer puesto al puesto 53°. Igualmente, de las seis áreas de transparencia en las que en 2014 se obtenía la máxima puntuación, en 2017 sólo se mantiene en la referente a Transparencia Económica y Financiera, referida a la gestión presupuestaria y en materia de derecho de acceso a la información.

En concreto, las puntuaciones por áreas del informe de 2017 establecen lo siguiente:

  • Información sobre la Corporación Mundpal: referida a información sobre cargos, personal, retribuciones, agenda, patrimonio o resoluciones y órganos municipales. En este punto se pasa de 100 puntos a 90,5 pasando a ocupar el puesto 79°
  • Página web, relaciones con los ciudadanos y participación: en este caso la puntuación ob­tenida es de 93,3 ocupando el puesto 51º
  • Transparencia contrataciones, convenios, subveciones y costes: se obtienen 95,8 puntos ocupando el puesto 38°.
  • Transparencia Urbanismo, obras públicas y medioambiental: que comprende todo lo referente al planeamiento urbanístico, licitaciones y obras, se obtienen 91,7 puntos ocupando el puesto 58°

La necesidad de mayor transparencia en la gestión de las administraciones públicos es una reclamación consolidada en la población que está llevando a que más instituciones avancen en esta materia. De hecho, en 2017 son 25 los ayuntamientos que obtienen la mayor puntuación, frente a los 19 de 2014.

Por ello resulta más preocupante si cabe que el Ayuntamiento de Zaragoza, después de haber alcanzado en 2014 la puntuación máxima, haya perdido casi 6 puntos de media quedando situada en el puesto 53° del global. Es evidente que este retroceso demuestra que en estos dos últimos años, las políticas llevadas a cabo, simplemente, no han funcionado.

Dadas las circunstancias, es especialmente procedente reclamar un impulso de manera inmediata a las políticas de transparencia y apertura de la gestión, incorporando cuantas medidas resulten oportunas para elevar la calificación en cada una de las áreas de transparencia descritas en el informe. Pero no sólo. Es preciso ir más allá incorporando nuevas figuras y políticas en materia de transparencia, especialmente en lo que hace referencia a los procesos de participación, contratación, subvenciones e intereses personales de los cargos políticos.

Ya en el debate sobre Estado de la Ciudad, el Grupo Socialista planteó propuestas como incorporar el Derecho de Petición al acervo de normas y procedimientos en materia de participación. También incorporamos durante el debate presupuestario la necesidad de reducir el peso de las subvenciones concedidas mediante procedimientos directos o nominales, que lejos de reducirse se han incrementado durante 2016).

En la misma línea es preciso tomar en consideración la reciente aprobación de la Ley 5/2017 de Integridad y Ética Pública de las Cortes de Aragón que introduce importantes novedades en materia de transparencia, incompatibilidades de cargos públicos y regulación y prevención de los conflictos de intereses. Una ley enormemente avanzada que debe tener su transposición adecuada en la práctica, pero también en la normativa municipal.

Toda esa apuesta, es fundamental de cara a mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, la siguiente

MOCIÓN

  1. Instar al Gobierno de la Ciudad a presentar, antes de final de año un Plan de Mejora de la Transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza que aborde con detalle los déficits detectados por el Índice de Transparencia Internacional y que han llevado a que Zaragoza pierda la má­xima puntuación en este Índice en cuatro de las 6 áreas.
  2. Instar al acelerar la tramitación de la Reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, garantizando que éste podrá ser aprobado en el marco de esta legislatura para lo cual será preciso que el proyecto sea presentado antes de final de año.
  3. lnstar al Gobierno de la Ciudad a, sin perjuicio del anterior punto, dar cumplimiento de for­ma inmediata a la Resolución del Debate sobre el Estado de la Ciudad que planteaba regular el ejercicio del Derecho de Petición previsto en el artículo 29 de la Constitución Española.
  4. Instar al Gobierno de la Ciudad a presentar antes aprobar el proyecto de Presupuestos para 2018, un programa que contemple la reducción progresiva del peso de las subvenciones concedidas mediante procedimientos nominativos o directos en el conjunto de las subvenciones concedidas.
  5. Instar al Gobierno a crear un registro de intereses, en la línea del planteado por la Ley 5/2017 de Integridad y Ética Pública, en el que conste toda participación de los concejales, concejalas en empresas y sociedades (de cualquier naturaleza), así como asociaciones u otras entidades que mantengan cualquier tipo de relación económica con el Ayuntamiento, hasta dos años antes de adquirir su actual condición.
  6. Instar al Gobierno de la Ciudad a elaborar, en el plazo de 6 meses un proyecto de Reglamen­to que regule el ejercicio de la función de cargos directivos y superiores en particular en lo referido a la prevención del conflicto de intereses en la línea de la ley 3/2015 de 30 de marzo y la Ley 5/2017 de Integridad y Ética Pública.