Los expertos del Grupo de Trabajo de la Memoria Histórica entregan el informe sobre la modificación de nombre de once viales públicos

15 septiembre 2020

Los expertos designados por el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica han finalizado el informe que se les encargó sobre el estudio del cambio de denominaciones viarias en la ciudad de Zaragoza y esta mañana ha sido entregado a todos los grupos municipales. En este documento, María Pilar Barranco, Guillermo Fatás y José Ángel Sesma recomiendan "no proceder a ninguna de las supresiones consultadas". El informe analiza los expedientes abiertos a causa de solicitudes de cambio de denominación de once vías públicas, que incluyen los emanados del Gobierno de Aragón, los promovidos por la Fundación 14 de Abril y ocho en los que hubo desistimiento corporativo en 2019 y que ahora se recuperan para una nueva decisión.

El Grupo de Trabajo de Memoria Histórica, en donde participan todos los grupos de la corporación municipal, se reunirá a principios del mes de octubre para estudiar las propuestas y actuaciones tras el análisis del informe entregado.

Entre las exposiciones de este informe se recuerda que la calle José y Antonio Ferrer, en Casetas, queda excluida porque ya ha sido variada su denominación oficial; que también es errónea la petición de supresión de la vía Jorge Jordana Fuentes, "por deberse su denominación, datable como tarde en 1922, a Jorge Jornada Monpeón"; y que la calle dedicada a Antonio de Gregorio Rocasolano "queda fuera del lapso temporal considerado (que comienza en 1936), por constar con esa denominación desde varios lustros antes, al menos desde 1925".

Desde 1978, recoge el informe, "hay un total de 56 vías públicas que, por razones políticas, legales o de ambas naturaleza, llevan nombre diferente del que tenían en el nomenclátor anterior". "Las actuaciones en que ahora tomamos parte se generan, concretamente, a raíz de la reciente Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón", apunta el expediente elaborado.

De acuerdo a esto, las bases o principios generales en los que se ha guiado este análisis han pasado por considerar "si hubo o no ánimo expreso de conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo"; el "grado de notoriedad de la persona aludida en el nomenclátor"; el "ánimo de equidad y proceder por analogía por razones diversas"; si los nombres propios son de "persona incursa en violaciones de los derechos humanos en Aragón"; o que "resulta también indeterminada y de muy difícil delimitación para la aplicación de la norma la expresión que incluye el reproche a las personas vinculadas a la defensa del régimen franquista".

De esta manera, los expertos concluyen no recomendar la supresión de ninguno de los nombres apuntados. Asimismo, consideran que, "más que las supresiones de nombres actuales, ayudaría una adecuada recuperación de nombres olvidados en recuerdo de quienes no han sido resarcidos hasta hoy tras haber sufrido persecución injusta".

Los expertos, en su exposición de motivos, recuerdan que "no hemos puesto condiciones previas, ni mantenido reuniones conjuntas o por separado antes del llamamiento del Gobierno, ni nos une pertenencia a grupo con particular significación política, ni nos mueve el interés personal", y que sólo han actuado "con el compromiso de ejercer esta función según nuestro leal saber y entender, atendiendo al encargo hecho por la presidencia y al mejor servicio a Zaragoza".