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El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, han firmado esta mañana el convenio de colaboración entre las dos instituciones que permitirá prestar, gratuitamente, un servicio de asistencia jurídica a las personas y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal en Zaragoza. Este servicio comenzará a funcionar a partir del próximo 1 de enero de 2021 y ofrecerá asesoramiento profesional y orientación a quienes puedan sufrir este problema en sus viviendas o propiedades.

El convenio, que tendrá una duración de un año y podrá prorrogarse durante dos años más, contará con una dotación presupuestaria de 20.000 euros que podrá revisarse en función de las necesidades del servicio. De este modo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados de Zaragoza ayudarán a quienes sufran la privación de la posesión mediata o inmediata de su legítimo bien llevada a cabo sorpresivamente por terceras personas u organizaciones de cualquier índole no autorizadas o legitimadas.

Para ello, se contempla la creación de un turno especializado de abogados en ejercicio que permitirá asistir con urgencia a los afectados para encaminarlos adecuadamente a una solución efectiva del problema. El servicio telefónico funcionará en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, con consultas a través del número 650 662 430 que serán atendidas directamente por el letrado designado para cada día, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Además, las consultas en línea se efectuarán a través de la dirección de correo electrónico consultasocupacionilegal@reicaz.es, que estará disponible 24 horas al día. Tan solo en el caso de que las circunstancias así lo se concertará una atención presencial.
Además, el Colegio de Abogados de Zaragoza elaborará una guía informativa para su difusión que establecerá un protocolo de actuación en caso de padecerla. Eso sí, la intervención profesional de los letrados se limitará a la orientación y asesoramiento, nunca a la interposición o seguimiento de cualquier procedimiento.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados han acordado que, cuando los letrados observen situaciones de vulnerabilidad y necesidad acuciante en las personas que se encontrasen ocupando los inmuebles, dispondrán de los datos de los Servicios Sociales a los que resulta posible acceder para propiciar alternativas habitacionales, remitiéndose esos casos a los servicios públicos competentes en materia de política social.

El convenio garantizará la protección de datos de los usuarios del servicio y pretende también avanzar en el diagnóstico sobre la incidencia real de la ocupación ilegal de tal forma que, trimestralmente, se analizarán las situaciones sometidas a asesoramiento en razón a viviendas, locales, edificios enteros, u otros inmuebles como solares o almacenes, incluso en desuso o ruina. Ese análisis se proyectará sobre los distritos y barrios de la ciudad con el objetivo de promover actuaciones que puedan ayudar a solucionar los conflictos sociales.

Para realizar el seguimiento y control del convenio se creará una comisión paritaria que se reunirá, al menos, una vez al trimestre.