28 diciembre 2016

El Gobierno inicia los trámites para la extensión del servicio Bizi por la ciudad

  • La previsión es realizar la extensión en tres fases, tras las cuales se alcanzarían las 2.500 bicicletas y 250 estaciones, con lo que el servicio llegaría a todos los distritos urbanos de Zaragoza
  • El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la creación de un inventario con los inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica en Zaragoza a partir de la reforma hipotecaria de 1978
  • El Gobierno de Zaragoza también ha aprobado el pago por condena de sentencias de los años 2012, 2013 y 2014, con cargo al fondo de contingencia, por valor de 2,5 millones de euros

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado remitir a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón la ampliación del servicio de bicicleta pública de Zaragoza. Se trata del primer paso para que el Bizi llegue a los distritos en los que todavía no está presente. La previsión es realizar esta extensión en tres fases, tras las cuales se alcanzarían las 2.500 bicicletas y 250 estaciones, partiendo de que ahora hay 1.300 bicis y 130 estaciones. En cada fase se ampliarán 400 bicis y 40 nuevas estaciones, a lo largo de los años 2017, 2018 y 2019.

El acuerdo incluye varias mejoras muy demandadas por los usuarios, como son la inclusión de un teléfono de atención al cliente (976), en contraposición al 902 hasta ahora existente, o la ampliación del horario nocturno del servicio, que solamente se interrumpiría de 2:00 a 5:00 de madrugada por necesidades técnicas. Además, se mejorará el servicio de abonos temporales, hasta ahora poco utilizado por las dificultades de acceso.

Esta ampliación se hace con cargo al presupuesto municipal, con una partida presupuestaria consignada para 2017 de 1.800.000 euros, y supone una ampliación del contrato en vigor con la empresa concesionaria.

El Gobierno remitirá esta ampliación de contrato a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón para su validación.

Inventario de todos los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado requerir del Decanato Territorial de Aragón del colegio de Registradores de la Propiedad la colaboración necesaria para que se facilite al Ayuntamiento de Zaragoza una relación telemática de todos los inmuebles inmatriculados por la Iglesia católica en la capital aragonesa, con los datos de identificación precisos para poder realizar un inventario de todos los bienes inmuebles ubicados en Zaragoza inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1978, que incluya la certificación catastral de la parcela o parcelas, y la delimitación geográfica de la finca.

El pasado 27 de mayo, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de CHA en la que instaba al Gobierno de la ciudad a solicitar la información relativa a las inmatriculaciones desde la reforma del reglamento hipotecario en 1998 hasta la actualidad y, a partir del cual, impulsar la recuperación de dicho patrimonio como bienes de titularidad pública. En cumplimiento de la moción aprobada, a comienzos del pasado mes de julio se iniciaron las solicitudes de información al Ministerio de Justicia y al Gobierno de Aragón. A día 1 de diciembre de 2016, ante la falta de contestación, se reiteraron las solicitudes. Hasta hoy no se ha recibido ninguna información ni contestación sobre las cuestiones demandadas.

La Ley Hipotecaria establecía desde su aprobación inicial (1946) la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia Católica a través del llamado certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar, un privilegio registral que ya ha desaparecido del ordenamiento. Concretamente con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario presentada en el Congreso de los Diputados en el 2014 y aprobada finalmente en marzo de 2015. Este proyecto faculta para la inmatriculación, finalmente, sólo a las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia.

El CTAZ estudiará la creación de una línea directa de autobús al Aeropuerto

El Gobierno de Zaragoza ha encargado al Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza (CTAZ) la elaboración del estudio sobre la futura línea del Aeropuerto de Zaragoza, que se segregará de la línea de Plaza.

Para una mayor eficiencia y un mejor servicio para ambos núcleos, la nueva línea además tratará de mejorar la adaptación de los horarios del autobús a las salidas y llegadas de vuelos al Aeropuerto. Actualmente, un 25% de los viajeros se desplazan hasta el Aeropuerto en transporte público.

Cláusulas medioambientales para la contratación de suministros de alimentación

El Gobierno de Zaragoza también ha dado luz verde a un expediente que recoge las cláusulas tipo para su inclusión en todos aquellos pliegos de contratación del Ayuntamiento de Zaragoza que incorporen suministros de productos alimenticios.

El objetivo estratégico es el de promover desde el Ayuntamiento de Zaragoza el consumo de alimentos frescos de proximidad y temporada en circuitos cortos, la promoción de las verduras, hortalizas y frutas de la huerta zaragozana y los productos agroecológicos, como medidas que favorecen la protección y conservación del medio ambiente, la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad de nuestro entorno tanto a nivel local como global.

Pagos por sentencias condenatorias

El Gobierno de Zaragoza ha acordado hacer frente a diversos pagos por sentencias condenatorias, con cargo al Fondo de Contingencia. Uno de los pagos a abonar es a FCC, por cantidad de dos millones de euros, adeudado por revisiones de precios de los años 2012 y 2013 del contrato del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos.

También se ha dado cumplimiento a otro auto que obliga a hacer efectivo el pago a la UTE Cuartel Policía por valor de 367.733 euros pendientes de obligación y reconocidos en una sentencia del 2014, así como por intereses devengados del 2013 por valor de 55.763 euros.

El Ayuntamiento también ha resultado condenado a abonar 1.047.415,79 euros a la UTE Estructuras de Aragón, S.A.U. y Ebrosa S.A., como consecuencia de los sobrecostes generados por la construcción de diversos equipamientos municipales.

El consistorio también ha cumplido con otra sentencia, recurso interpuesto por EULEN, S.A., contra la inactividad de la Administración y falta de resolución expresa producidas por falta de liquidación y pago de intereses de demora generados en años pasados como consecuencia del retraso en el pago de facturas correspondientes a la prestación de servicios de limpieza de colegios públicos y pabellones deportivos adscritos a ellos. La cantidad a abonar es de 391.376,19 ?, en concepto de intereses de demora, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Con estos, son 84 millones de euros en sentencias firmes condenatorias de años pasados a los que el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente desde junio de 2015.