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El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Consejería de Medio Ambiente, se opone al anunció realizado por la empresa Nuclenor de solicitar la renovación del contrato de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el año 2031, lo que supondría llegar a los 60 años de vida, como ocurre en las centrales nucleares de Estados Unidos, ya que la central comenzó a funcionar en 1971.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza, que siempre se ha preocupado por el estado de esta central nuclear, presentó hace un mes una alegación al proyecto de Decreto del Plan territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) que preparó la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón, en la que se solicitó la incorporación de la ciudad de Zaragoza como población afectada por un posible accidente nuclear. En el borrador la ciudad no se encontraba entre las posibles poblaciones víctimas de esta hipotética coyuntura, pese a encontrarse en pleno corazón del Valle del Ebro.

Un estudio internacional elaborado por el Instituto Meteorológico de Austria, hecho público por la organización ecologista 'Greenpeace' afirmaba que una nube radiológica procedente de la central de Santa María de Garoña (Burgos) -ahora cerrada y sin actividad, pero en fase de reapertura según la intención de la empresa propietaria NUCLENOR-, contaminaría irreversiblemente todo el Valle, en el que viven 3,2 millones de personas, y especialmente las poblaciones de Vitoria, Bilbao, Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Se estima además que un accidente de las características del de Chernóbil o Fukushima (ambos del nivel 7) afectaría a más de 100.000 hectáreas de regadío y 85.000 kilómetros cuadrados, y no solo obligaría a desalojar a toda la población del entorno, sino que dañaría durante siglos unas tierras de gran valor agrícola y ganadero.

Por otro lado, se considera que existe cierta desprotección ante los posibles daños y perjuicios causados a las personas afectadas ya que la compensación económica a la que estaría obligada la empresa jamás pasaría de los 1.200 millones de euros. Una cuantía a todas luces insuficiente puesto que, por ejemplo, el coste provisional del accidente de Japón asciende a 520.000 millones de euros.

"Prorrogar esta central es un riesgo inasumible desde el punto de vista ambiental, sanitario, económico y ético, por cuanto estaríamos hipotecando gravemente la vida de las próximas generaciones", ha subrayado el consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Jerónimo Blasco, para quien la antigüedad y la obsolescencia de las instalaciones (la central empezó a funcionar en 1971, en un periodo próximo al de Fukushima I) constituye "un grave y peligroso error".

"Por ello, como ya han comenzado a hacer otros Ayuntamientos, en Zaragoza promoveremos de forma inmediata las iniciativas oportunas a nuestro alcance para tratar de impedir y dificultar la reapertura de la central de Garoña y retomar la actividad que emprendimos en 2012, a través de mociones de Pleno y recursos judiciales", ha anunciado Blasco. Además, el consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha asegurado que irán a los tribunales de Justicia para paralizar la posible prorroga ya que "además del riesgo sanitario y económico, la central carece de la prorroga de evaluación de impacto ambienta".

El ministro de industria, Jose Manuel Soria, ha explicado que la petición pasará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y será éste el que realizará un informe que determine las condiciones que tendrá que cumplir la central en el caso de que se pueda conceder la prórroga. Además, asegura que la elaboración de dicho informe llevará varios meses, y probablemente, no esté terminado hasta dentro de un año. El Ayuntamiento de Zaragoza, pese a no haberse realizado todavía el informe por parte del CSN, se opone a la reapertura de Garoña por los riesgos que conlleva para nuestra ciudad y todo el valle del Ebro.