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El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias de víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y los primeros años de la transición han llevado a los juzgados, hoy jueves 31 de enero de 2019, una querella criminal a los efectos de iniciar una investigación por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la ciudad de Zaragoza. Los acusados en la querella, presentada telemáticamente ante el Juzgado Decano para su traslado a un juzgado de instrucción, son siete policías sospechosos de haber participado en torturas sistemáticas, siete gobernadores militares y once civiles.

Se les acusa como presuntos autores de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, asesinato, detención ilegal, torturas sistemáticas y desapariciones forzosas entre 1936 -1942 (96 hechos denunciados) y 1963 -1975 (12 hechos denunciados) y un asesinato en el 1977. Durante la recopilación, llevada a cabo desde la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, gestionada por la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza durante siete meses de actividad, se han recogido: 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales (42 de ellas desapariciones forzosas) y 11 torturas. La oficina recogió un total de 136 testimonios de víctimas y sus familiares para fundamentar la querella. Los hechos de referencia se produjeron en Zaragoza, y también en otras localidades del partido judicial de Zaragoza como Leciñena, Magallón, Quinto de Ebro, Belchite, Fuentes de Ebro o La Puebla de Alfindén. Los testimonios serán incorporados a la querella argentina contra el franquismo que instruye la jueza María Salvini en este país.

Para el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, este paso "tiene que ver con la justicia, la reparación y la recuperación de la memoria de aquellas personas asesinadas en pleno golpe en el año 36, funcionarios de la casa, ediles y aquellas que lucharon contra el régimen y fueron replesaliadas". Además, ha destacado "el papel de las asociaciones memorialistas y de los familiares que siempre han estado ahí reivindicando el derecho a su propia historia y dignidad".

El alcalde también ha valorado los pasos dados en memoria histórica a lo largo de esta legislatura y ha avanzado que el Gobierno de Zaragoza ha aprobado hoy la cesión a la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido, Arico un local en San José (en la calle Bubierca) para su uso como almacén de los restos de las exhumaciones, de forma que se garantice la cadena de custodia, para que sean objeto de los análisis periciales y forenses que sean pertinentes.

Carmelo Asensio, portavoz de Chunta Aragonesista, ha calificado el día de hoy como "un gran día para Zaragoza". "Hoy exigimos por fin que se haga justicia por todos los hombres y mujeres asesinados por defender la democracia", ha destacado. Ha recordado además que la iniciativa parte de una moción de CHA aprobada en diciembre de 2015 con el apoyo de ZeC, la abstención de PSOE y Cs y el voto en contra del PP.

Fernando Rivarés ha cerrado las intervenciones de los representantes municipales: "No haremos los suficiente con la memoria, justicia y reparación cuando nos muramos si no hemos sembrado una idea y valores democráticos, un respeto a la historia real de lo que pasó en Europa, España, Aragón y Zaragoza. Es imporante el proceso jurídico que hoy comenzamos, pero hay una cosa igual de importante: el conocimiento cultural, los valores la memoria. Es importante sembrar ese valor cultural para conseguir un futuro que nos recuerde y haga justicia".

Hasta el momento seis ayuntamientos han presentado querellas por crímenes contra la humanidad cometidos en sus municipios, Valencia y Rivas (admitidas a trámite) y Vitoria, Pamplona, Elgeta y Mondragón, otros dos por los bombardeos sucedidos en sus ciudades durante la Guerra Civil (Durango y Barcelona) y cerca de cuarenta corporaciones locales se han comprometido a través de mociones en sus plenos a impulsar el enjuiciamiento de estos crímenes en sus localidades.