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El Ayuntamiento de Zaragoza reclama, en vía administrativa, 51.870.401 euros por responsabilidad patrimonial a la Administración General del Estado por el daño derivado de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de determinados artículos relacionados (STC 182/2021) con el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana así como por la inactividad legislativa estatal a la hora de acometer reforma legislativa desde 2017 (STC 59/2017 de 11 de mayo).

Se trata de derechos reconocidos para el Consistorio que han sido objeto de anulación o devolución así como derechos reconocidos pendientes de regularizar a los que hay que sumar los correspondientes intereses de demora. También están incluidas en la reclamación, las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes denominadas de"cuota cero" que sí se debieron haber cobrado.

Es importante recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza ya envió a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un informe con los cálculos relativos a las pérdidas por la Plusvalía para que la federación pudiera elaborar una enmienda con objeto de que el Gobierno Central compensase a las entidades locales con 2.000 millones por la Plusvalía. Ahora, antes de que finalice el plazo de un año desde la publicación de la sentencia que declaraba inconstitucionales y nulos algunos de sus artículos para poder reclamar, el Gobierno de Zaragoza agota la vía administrativa con esta reclamación con el objetivo de aportar seguridad a la solicitud y defender los intereses de la ciudad.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Asimismo, el equipo de Gobierno ha vuelto a impulsar el proyecto de construcción del Centro Deportivo Municipal de La Almozara, cuyo contrato ya había sido adjudicado, pero del que ha desistido la empresa concesionaria. Ante esta situación sobrevenida, Urbanismo ha resuelto con agilidad la actualización del estudio de viabilidad económico-financiera y anteproyecto, que deberá someterse a información pública ahora, para volver a lanzar el proyecto y sacarlo nuevamente a licitación. El proyecto urbanístico mantendrá todo su diseño, tal y como se dio a conocer y se detalló a los vecinos de La Almozara, si bien el proceso conllevará un retraso de varios meses en el inicio de la obras. En la misma línea, el Gobierno también ha aprobado la actualización del proyecto de obras de las rampas y escaleras entre el barrio de Parque Venecia y el Canal Imperial de Aragón, que ha tenido que revisar su precio de licitación y ascenderlo hasta lo 518.852 euros (sin IVA).

Por otra parte, la reunión de esta mañana ha servido para impulsar los proyectos de adquisición de suelo del Gobierno municipal para progresar en las políticas de vivienda y mejora de la escena urbana. De este modo, se ha aprobado la consignación por parte de Urbanismo de 2.475.141,3 euros como el justiprecio de la expropiación de fincas afectadas por el PERI Zamoray-Pignatelli, a fin de posibilitar el pago y ocupación de las mismas una vez se apruebe definitivamente la expropiación de referencia mediante procedimiento de tasación conjunta. Este proceso de expropiación avanzará siempre preservando el interés de los propietarios afectados, tanto económica como socialmente.

Del mismo modo, se han adquirido otros tres solares en la ciudad. De este modo, Urbanismo ha comprado un solar de 103 m² ubicado en calle de Echeandía, en el número 8, situado en el Casco Histórico, en el entorno de San Pablo, por 78.992,55 euros. En este sentido, también se ha adquirido mediante compraventa por procedimiento negociado otros dos solares situados en el barrio del Arrabal, concretamente los situados en la plaza del Rosario, número 2, y en la calle de Pedro Villacampa, número 9. Entre ambos suman una superficie total de 172 m2 por la cantidad invertida es de 139.594,35 euros.

NUEVA ORDENANZA DE LIMPIEZA PÚBLICA

En su reunión de hoy, el Gobierno ha acordado someter a consulta pública la elaboración de una nueva Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se abre así el procedimiento administrativo necesario para la renovación de la actual normativa, que data del año 1986. Entre otros aspectos que debería tratar el futuro texto se incluyen la reducción al mínimo posible de los efectos negativos que la generación y gestión de los residuos producen sobre el medio ambiente y la salud, así como potenciar la economía circular, la separación de residuos, el cuidado del medio urbano y adecuar la normativa a la nueva legislación estatal.

La consulta se realizará por plazo de quince días naturales, a través de la Plataforma del Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal, siguiendo lo establecido en el art. 133.1 de la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.