26 junio 2018

El Ayuntamiento alcanza un acuerdo para zanjar el proceso judicial sobre la circulación de bicicletas por espacios de prioridad peatonal

El Gobierno de Zaragoza se pone a la cabeza de la demanda de la reforma de la Ley de Tráfico, respaldado por la Red de Ciudades por la Bicicleta

Esta mañana se han comenzado a retirar las placas colocadas en 2015 tras el auto del TSJA que anuló 10 artículos de la Ordenanza de Peatones y Ciclistas

Teresa Artigas ha señalado que “se ha alcanzado un acuerdo con la parte demandante para ofrecer garantías jurídicas a peatones y ciclistas sobre cuáles son las normas vigentes”


El Ayuntamiento de Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con la parte demandante en el proceso judicial iniciado en 2012 que exigía la prohibición de circulación de bicicletas por espacios peatonales. En virtud de dicho documento, hoy se inicia la retirada de señales (plaquetas) que permitían hasta hoy la excepcionalidad de circulación de bicis en calles peatonales de acceso restringido.

Esta retirada de señales responde a la última orden judicial de un largo proceso, que comenzó en 2012 cuando el TSJA anuló 10 artículos de la Ordenanza municipal, especialmente los que autorizaban la circulación de bicis por algunas aceras y zonas peatonales.
El acuerdo facilita una solución transitoria hasta que el problema de fondo, la ausencia de una normativa estatal, se resuelva. "Permite que la ordenación de la circulación de las bicicletas salga del terreno judicial y vuelva al terreno de lo político", ha subrayado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas.
Coincidiendo con este punto de vista, Zaragoza ha recibido esta misma mañana el apoyo público de la Red de Ciudades por la Bicicleta, un organismo que reúne a más de 500 ayuntamientos de toda España que trabajan por promover la movilidad sostenible.
http://www.ciudadesporlabicicleta.org/2018/06/26/comunicado-de-apoyo-al-ayuntamiento-de-zaragoza/
 

Necesidad de un marco normativo estatal
"El caso de Zaragoza causa asombro en toda España, pero podría suceder en cualquier otra ciudad en que sus tribunales locales asumiesen criterios tan restrictivos como los de aquí!, ha lamentado Artigas.

"Es imprescindible acometer ya la reforma de la normativa estatal, su adaptación a la realidad social de la bicicleta, sus usos, características, necesidades o riesgos, que son diferentes del resto de vehículos", ha subrayado la edil. "Esta reforma debe ir orientada a promocionar el uso de la bicicleta, dándole seguridad, comodidad y ventajas sobre los vehículos a motor", ha añadido. El objetivo final es que la bicicleta contribuya, junto con el resto de modos sostenibles, a reducir el uso del coche, reto imprescindible tanto a nivel local como global.

En los últimos años, la DGT ha estado trabajando en varios borradores de reforma de la Ley del Tráfico o del Reglamento de Circulación. "Existen borradores de ambos textos, trabajados con diversas instituciones, entidades y expertos, es el momento de poner en macha de una vez esta necesarias reformas", ha indicado Artigas. ¿El Gobierno de Rajoy no lo hizo, pero ahora es un deber del Gobierno de Pedro Sánchez apoyar a la administración local a impulsar las políticas de promoción de la bicicleta, dando cobertura jurídica, protegiendo la autonomía municipal y sin confrontación política porque este es un tema de amplio consenso social¿, ha concluido la responsable de Medio Ambiente y Movilidad.

¿Cómo circular ahora?
El acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Zaragoza incluye la elaboración de una nueva instrucción que, al menos, permitirá que, si el destino del ciclista está en dichas calles de acceso restringido, sí que puedan acceder bicicletas. Es decir, podrán hacer lo mismo que otros vehículos a motor. Pero no podrán circular con normalidad por ninguna de estas zonas, a diferencia de lo que sucede en los entornos peatonalizados de numerosas ciudades españolas y europeas que desarrollan políticas serias y avanzadas de promoción de la movilidad ciclista y peatonal. Ello es debido a lo estrecho del marco legal y la rigidez con que ha sido interpretado por los tribunales en el caso de la capital aragonesa.