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LAS PAREJAS DE HECHO: DERECHOS Y DEBERES EN LA REGULACIÓN ARAGONESA

Tema: Trámites y Documentación
Fecha: Diciembre de 2005

SUMARIO

 

IVÁN SANZ BURGOS
Abogado. Responsable de la Asesoría Jurídica para Jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Universidad de Zaragoza

Introducción

Mi novio y yo vivimos juntos desde hace dos años y no nos apetece casarnos, pero queremos dejar un poco más atada nuestra relación, sobre todo por si nos decidimos a tener niños.
Pero realmente no sabemos qué derechos se adquieren por inscribirse como Pareja de Hecho en el Registro, aunque hemos oído que para los hijos es mejor, porque si se tienen niños sin estar casado ni inscrito, se quedan más desprotegidos.
¿Qué hay que hacer para inscribirse como Pareja de Hecho?

 

CÓDIGO CIVIL : Artículos 42 y ss (regulación del matrimonio) y artículos 108 y ss (relaciones paterno filiales).
Ley 6/1999 de 26 de marzo de Parejas Estables no Casadas (BOA 39/1999 de 06-04-1999)

Es una realidad social que la composición del núcleo familiar ha sufrido un cambio relevante, fruto de la evolución experimentada en los últimos 25 años en nuestro país. De una familia nuclear tradicional compuesta por el matrimonio, los hijos y una relación muy cercana (incluso de convivencia) con padres u otros parientes cercanos, se ha pasado a una composición mucho más "escueta", en la que ya no es tan abrumadoramente común la unión matrimonial de la pareja, son más frecuentes las familias monoparentales, es menor el número de hijos y no existe una relación tan estrecha entre parientes.

Uno de los fenómenos más significativos de esta nueva realidad son las uniones de hecho o de derecho que han venido a sustituir, en muchos casos, al matrimonio civil o religioso, y que suponen el reflejo jurídico, en mayor o menor medida, de la relación sentimental que une a dos personas.

Hasta hace pocos años solo existía una realidad jurídica que materializase la unión sentimental entre dos personas: el MATRIMONIO.

Pero la presión social de muchos colectivos (sobre todo de los colectivos de gays y lesbianas, que tienen vetado el acceso a la unión matrimonial, puesto que, en la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos del mundo dicha unión sólo se concibe para las relaciones heterosexuales) unida al avance de lo que podríamos llamar las "concepciones sociales establecidas", han provocado el reconocimiento jurídico de una nueva situación: a medio camino entre las meras "uniones de hecho" (sin ningún efecto jurídico) y el vínculo matrimonial tradicional (que despliega todos los efectos consabidos en su doble condición de derecho - deber) ha venido a surgir una nueva realidad jurídica a la que se reconocen algunos derechos y deberes, pero que no llega a conformar un verdadero "status" jurídico: son las PAREJAS ESTABLES NO CASADAS, comúnmente llamadas Parejas de Hecho.

 

LAS PAREJAS DE HECHO EN ARAGÓN. REGULACIÓN

En la Comunidad Autónoma de Aragón, esta realidad social ha venido a tener reconocimiento jurídico con la Ley 6/1999 de 26 de marzo (Boletín Oficial de Aragón nº 39/99, de 6/4/99). Esta norma es aplicable, lógicamente, sólo en el territorio de la Comunidad Autónoma y para aquellas parejas que cumplan los requisitos que exige la misma.

Podría pensarse que el nacimiento de una regulación sobre este tema va a colmar las exigencias que se han venido reivindicando para las uniones de hecho, llegando incluso a equipararlas con las uniones matrimoniales. Nada más lejos de la realidad. Y ello por dos motivos:

  • a) Primero porque el legislador no ha tenido voluntad de llegar tan lejos, sino que parte de reconocer que se trata de dos fenómenos diferentes que no tienen por qué dar origen a idéntica cartera de derechos (y deberes).
  • b) Segundo porque, aunque hubiera tenido voluntad de hacerlo tampoco podría haberlo hecho, puesto que se trata de una norma autonómica con una capacidad reguladora muy limitada (no puede entrar a regular materias de competencia estatal).

Y es que, dentro de las posibilidades que una regulación de este tipo ofrece, las Cortes de Aragón optaron por reconocer, como luego veremos, esta realidad social pero confiriéndole unos derechos muy limitados. Quizá no sea la imagen que se tiene, sobre todo entre muchos jóvenes que pueden resultar potenciales sujetos de esta ley. Ello se debe a que la aparición de normas reconocedoras de las uniones de hecho (no solo en Aragón) ha sido objeto de una gran promoción política y social, como símbolo de progresismo y avance social. Pero habría que detenerse a analizar con detalle cada regulación para poder determinar qué grado de avance supone.

Además, como se ha señalado, una ley de rango autonómico tiene escasas posibilidades de entrar a regular los aspectos que resultan más importantes y que en su mayoría han constituido la columna vertebral de las reivindicaciones sociales. Quizá se entienda mejor con un ejemplo: una de las exigencias más reiteradas has ido el reconocimiento del derecho a obtener la pensión de viudedad en los casos de las uniones de hecho. El derecho a esta prestación económica solo está previsto en el caso de fallecimiento de un cónyuge (matrimonio), pero no para el caso de fallecimiento de una persona unida a otra por "análoga relación de afectividad". Y la ley aragonesa, aunque lo hubiera pretendido no habría podido hacerlo, puesto que se trata de una materia reservada a regulación estatal.

Hay que tener en cuenta que, aunque la regulación básica del matrimonio se encuentra en el Código Civil, a partir de ahí, existe una abundantísima cantidad de normas que configuran derechos o deberes vinculados al hecho matrimonial:

  • En el ámbito fiscal, todas las normas que regulan los impuestos (IRPF, IVA, Sucesiones y Donaciones....).
  • En el ámbito penal (Código Penal y otras normas de desarrollo)
  • En el ámbito laboral (Estatuto de los Trabajadores, Ley de la Seguridad Social...)
  • Y así en otros muchos campos como el extenso derecho civil, la regulación procesal...

Pero también hay que decir que algunas de estas normas poco a poco van teniendo presente también a las parejas de hecho, incluyendo en sus regulaciones derechos y/o deberes en igualdad de condiciones con las uniones matrimoniales, en algunos casos, o de forma diferente, en otros.

No hay que olvidar que, además de la regulación pública, el reconocimiento de las uniones de hecho como "status jurídico" se está conformando también por el reconocimiento que de las mismas se hacen en muchos ámbitos privados o semiprivados. Ello, por ejemplo, se pone especialmente de manifiesto en el ámbito laboral, por el reconocimiento de muchas empresas de los mismos derechos a las parejas de hecho que a los matrimonios y también por la equiparación lograda en algunos Convenios Colectivos entre ambos supuestos.

Por ejemplo, si un Convenio Colectivo (que, no olvidemos, resulta de obligado cumplimiento para las empresas del sector) reconoce al trabajador dos días de permiso por intervención quirúrgica de un familiar directo, antes quedaba reservado a padres, hijos, hermanos o cónyuge, por lo que dicha posibilidad no quedaba prevista para las parejas unidas por "análoga relación de afectividad", lo cual puede resultar tremendamente injusto, teniendo en cuenta que se trata quizá, de la persona con la que se está unido de forma más estrecha. Ahora, poco a poco, los Convenios Colectivos van incorporando a su regulación la equiparación de derechos para ambos casos, aunque no en todos los casos.

Además de los derechos establecidos por la legislación y por la normativa privada o semiprivada, hay que tener en cuenta por último que los Juzgados y Tribunales también suponen en algunos casos una fuente generadora de derechos, pues mediante el análisis y resolución de casos concretos, se van sentado las bases para reconocer de forma genérica ciertos derechos.

No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional ya ha mantenido en varias sentencias que no afecta al derecho a la igualdad el hecho de reservar el reconocimiento de determinados derechos al matrimonio, y no a otras formas de unión de mero hecho o "estables inscritas en Registro", puesto que el acceso al matrimonio es libre (siempre que se den unos requisitos mínimos); esta argumentación puede resultar convincente para las uniones heterosexuales, pero no para las homosexuales, puesto que en tal caso se encuentra vetado el acceso a la unión matrimonial, solo concebida para personas de distinto sexo.

Por eso, es muy difícil dar una respuesta certera a la pregunta que muchas veces se nos plantea:

¿Qué derechos otorga el hecho de inscribirse como Pareja de Hecho?

En dicha pregunta hay dos conceptos clave que vamos a abordar a continuación:

  • a) Qué se considera "Pareja de Hecho"
  • b )Qué régimen jurídico (derechos y deberes) establece la ley aragonesa.

 

CONSTITUCIÓN COMO PAREJA ESTABLE NO CASADA: LA INSCRIPCIÓN

En realidad, por propia definición, la mera unión de hecho entre dos personas, requiere simplemente eso, que ambas estén unidas por una relación afectiva o sentimental. Pero ha de exigirse algo más, pues lo contrario generaría una tremenda inseguridad jurídica y, además, podría dar lugar a numerosos abusos. Además, entra aquí en juego la concepción personal de la relación de pareja, elemento subjetivo que no puede ser el definitivo.

Por eso la ley se refiere a "parejas estables no casadas" e incorpora una definición objetiva que evite tal inseguridad:

"Se considera que hay pareja estable no casada cuando se haya producido la convivencia marital durante un periodo ininterrumpido de dos años, como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública"

Aspectos a tener en cuenta:

  • a) CONVIVENCIA MARITAL: aunque este concepto es muy subjetivo, habremos de entender, lógicamente, que el elemento fundamental es la existencia de una relación sentimental de afectividad entre dos personas de igual o distinto sexo. Por ello, no tiene por qué exigir la unión física (relaciones sexuales) ni la convivencia.
  • b) PERIODO ININTERRUMPIDO DE DOS AÑOS: dicha unión habrá de prolongarse por lo menos desde hace dos años sin que se haya roto en ningún momento.
  • c) ESCRITURA PÚBLICA: pero el anterior requisito de los dos años no es necesario si se otorga una escritura ante notario, manifestando la voluntad de constituir la pareja de hecho, en cuyo caso no se exige periodo previo alguno.

La ley dice que el transcurso de los dos años de convivencia podrá acreditarse "mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho", por lo que, remitiéndonos a la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabría fundamentalmente la prueba testifical (mediante la declaración de dos testigos que afirmen ser conocedores de dicha convivencia ininterrumpida), y la documental (mediante la aportación documentos que lo prueben como certificados de empadronamiento...).

El hecho de exigir un periodo mínimo o una manifestación expresa es precisamente para acreditar que se trata de una unión estable y no de una mera relación coyuntural.

Pero, para que a la pareja que cumple los requisitos enumerados se le reconozca de forma definitiva el elenco de derechos y deberes se le exige, además, un requisito formal: inscribirse en un Registro creado al efecto en la Diputación General de Aragón. Ello viene a suplir de alguna manera la inscripción en el Registro Civil (al que tiene vetado el acceso al no ser reconocido como "status jurídico") y desempeña básicamente una doble función:

  • a) Otorgar publicidad a la constitución de la pareja
  • b) Servir como medio de prueba para poder acreditar la existencia de la misma.

Además, la ley establece unos casos (muy elementales) en los que no cabe la unión de hecho:

  • Parientes por vía ascendiente o descendiente (padres, hijos...)
  • Parientes colaterales hasta el segundo grado (tíos, sobrinos...)
  • Los que tengan constituida pareja estable con otra persona
  • Los que estén casados

Al igual que hemos visto cómo surge o nace una Pareja de Hecho (en su reconocimiento como realidad jurídica), también se establecen unas causas que dan lugar a su extinción:

  • a) Por muerte de uno de los dos miembros.
  • b) Por mutuo acuerdo de ambos.
  • c) Por decisión unilateral de uno de ellos.
  • d) Por separación de hecho durante más de un año.
  • e) Por matrimonio de uno de los dos integrantes.

Por ello, cualquiera de los dos puede poner fin a la unión de forma individual, sin que requiera el acuerdo del otro, y ello porque, dado que la unión se fundamenta en la relación afectiva, no puede obligarse a nadie a permanecer en dicha unión contra su voluntad.

Si se produjera una ruptura (y por lo tanto extinción) de la pareja, ninguno de sus miembros puede constituir de nuevo otra pareja hasta pasados seis meses.

Además, como hemos visto, el matrimonio de uno de los dos es causa directa de extinción, puesto que no cabe mantener al tiempo ambas situaciones.

 

LAS NORMAS INTERNAS DE LA PAREJA ESTABLE NO CASADA: EL RÉGIMEN ECONÓMICO

Una vez constituida, la ley deja muy abierta la regulación de las relaciones entre los miembros de la pareja, confiando en la libertad de ambos para establecerlas como estimen más conveniente (incluso mediante convenio o acuerdo escrito) siempre que no resulten contrarias a la ley o atenten contra la dignidad de la persona.

En defecto de acuerdo entre los miembros de la pareja, se establece una exigua regulación que tan solo se refiere a que ambos deberán contribuir al mantenimiento de los gastos comunes de forma proporcional a sus ingresos, incluyendo entre los gastos, lógicamente, los derivados de la manutención de los hijos.

Es importante resaltar que no existe entre las partes un régimen económico especial (como ocurre en el caso de matrimonio: comunidad de bienes gananciales, régimen consorcial aragonés, separación de bienes...). Ambos conservan íntegramente la propiedad de sus bienes, sin perjuicio de que puedan tener bienes en común; por ejemplo, si los dos miembros de la pareja deciden comprar conjuntamente la vivienda, resultarán copropietarios de la misma, pero en idéntica medida que si se compra entre dos cualesquiera: socios, amigos...

Por eso se establece que, en principio, cada uno de los dos responde por sí solo y con su propio patrimonio de las obligaciones y deudas que contraiga. Pero la ley introduce una excepción a esta regla general, excepción que puede resultar muy problemática:

"Ambos miembros de la pareja responden solidariamente ante terceras personas de las obligaciones contraídas por los gastos [...] si se adecuan a los usos sociales"

Esta afirmación puede ser foco de muchos problemas y suscitar numerosas controversias, puesto que se ha establecido de forma muy poco clara y precisa, dando lugar a variables interpretaciones.

La responsabilidad solidaria significa la facultad del acreedor de exigir el pago de la totalidad de la deuda a los dos miembros de la pareja, aunque en realidad sólo uno de los dos diera origen a dicha deuda. Y debemos entender por "adecuarse a los usos sociales" el hecho de que, funcionando como pareja, pueda resultar esperado que el gasto sea afrontado por los dos, puesto que se trata de un gasto vinculado a la convivencia o a algún hecho característico de la vida en común. Así, por ejemplo, podría entenderse que si uno de los dos padres lleva al hijo al dentista o adquiere un electrodoméstico para el hogar, dichos gastos pueden ser exigidos a ambos. No obstante, se trata de una defectuosa regulación que no puede ser tomada de forma absoluta.

Por otro lado, a pesar de no reconocer la existencia de un régimen económico común, la extinción de la Pareja de Hecho si que puede tener consecuencias económicas. Así, si la convivencia ha generado una desigualdad patrimonial entre ambos, podrá exigirse una compensación económica cuando uno de los dos haya contribuido a aumentar o mantener el patrimonio del otro o cuando se haya dedicado al cuidado del hogar común o de los hijos.

Lo que se está reconociendo es que, si uno de los dos se ha dedicado a cuidar del hogar y/de los hijos comunes (suele ser la mujer), puede exigir del otro una compensación (normalmente una pensión económica) análoga a la pensión por desequilibrio que se reconoce en las separaciones conyugales.

No debe confundirse esta pensión con la obligación de todo padre o madre de contribuir al sostenimiento económico de los hijos habidos en común (pensión por alimentos) cuyo fundamento no está en la relación de pareja sino el propio hecho de la paternidad/maternidad.

Por último, la ley establece un plazo de prescripción de un año para solicitar la pensión, por lo que si transcurre dicho plazo y no se ha solicitado, ya no podrá pedirse en el futuro. Este plazo comienza a contarse desde el momento mismo de la disolución de la Pareja Estable, por lo que habrá que atender al hecho causante de la separación.

 

LOS HIJOS EN COMÚN

Uno de los motivos que suelen generar más discordia entre las parejas en el momento de la separación es todo lo relativo a los hijos habidos en común, lo cual por otro lado, resulta tremendamente injusto porque muchas veces acaban pagando los hijos los desacuerdos de los padres.

Si durante la existencia de una Pareja Estable se tienen hijos en común o se adoptan, en el momento de extinción de la misma habrá de regularse lo relativo a la guardia y custodia de los mismos (con quien van a vivir de forma cotidiana), el régimen de visitas del otro progenitor, la contribución de ambos al mantenimiento económico...

No resulta relevante en este caso que los progenitores estén unidos de forma estable o no. Como en la unión matrimonial, también aquí se deja en primer lugar total libertad para que sean los padres los que se regulen de mutuo acuerdo (salvo que los acuerdos sean perjudiciales para los menores) y, en defecto de acuerdo, entonces cualquiera de los dos podrá pedir al Juez que fije las medidas necesarias para ordenar las relaciones paternofiliales.

Aunque exista acuerdo entre las partes, puede igualmente acudirse al Juzgado para que dicho acuerdo sea ratificado judicialmente, lo cual puede resultar muy conveniente para evitar conflictos en el futuro, y para someterse, en caso de duda o controversia, a una interpretación imparcial.

Hay que recordar, como hemos dicho antes, que independientemente de que los padres estén casados, unidos de forma estable o no, el solo hecho de la paternidad genera el deber de sostenimiento de los hijos y, por lo tanto, el de contribución a su manutención mediante la pensión por alimentos.

 

OTROS DERECHOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO DE LA PAREJA ESTABLE NO CASADA

Además de lo anterior, se establecen en la ley otros derechos que surgen por el hecho de constituirse como "Pareja Estable", aunque puede afirmarse que el "status" jurídico que se adquiere es bastante limitado y en modo alguno resulta comparable al del matrimonio. Así:

  • a) Si uno de los dos miembros fallece, con independencia del testamento (si lo hubiere), el que sobrevive tiene derecho al ajuar de la vivienda habitual (muebles, enseres...) y al usufructo de dicha vivienda habitual durante un año. Es un reconocimiento muy limitado de derechos por fallecimiento, teniendo en cuenta que en Aragón existe el usufructo vitalicio de todos los bienes para el otro cónyuge (en el caso de matrimonio).
  • b) Se permite adoptar de forma conjunta, pero solo a las parejas heterosexuales. Se elude por tanto la equiparación de las parejas homosexuales, pues es un tema muy polémico y no resuelto (no existe en modo alguno consenso social al respecto).
  • c) Existe obligación de "prestar alimentos" entre los miembros de la pareja, es decir, de contribuir al sostenimiento económico y manutención del otro.
  • d) Los miembros de la pareja podrán otorgar testamento mancomunado, es decir, hacer testamento común, según las normas aragonesas que regulan la sucesión y también podrán hacer pactos sucesorios y fiduciarios, conforme a dicha normativa.

Además se establece un derecho genérico que puede resultar de gran contenido:

"Los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges en la normativa aragonesa de Derecho Público, que no tengan carácter tributario, serán de aplicación a los miembros de la pareja estable no casada".

Esta afirmación que parece no tener importancia resulta muy relevante, puesto que significa que, en todas aquellas normas de derecho público de la Comunidad Autónoma reconozcan derechos por el hecho de estar casado, se amplían en igualdad de condiciones a las Parejas Estables no casadas. Para conocer en la práctica qué supone, habría que hacer un recorrido por toda la normativa aragonesa, pero lo importante es que supone una equiparación en derechos a los reconocidos al matrimonio, con dos limitaciones fundamentales:

  • a) Que solo se refiere (como no puede ser de otra manera) a la normativa aragonesa, cuando la mayoría de los derechos que vienen siendo reivindicados están regulados en normas estatales (pensión de viudedad...).
  • b) Que se excluye expresamente la regulación tributaria que, paradójicamente, es la que mayor contenido y repercusión económica puede tener entre los integrantes de la pareja, por lo que se vacía parte de ese contenido.

A título anecdótico (aunque no hay que olvidar que también puede tener repercusión jurídica) la ley recuerda que el hecho de constituirse en Pareja de Hecho no supone parentesco con la familia del otro componente.

 

CONCLUSIONES FINALES

Como conclusión puede decirse que:

  • a) En Aragón se ha producido el reconocimiento jurídico de la realidad social imperante que afirma las uniones de hecho como una forma de materializar la relación de pareja, dando además cabida a las uniones heterosexuales y a las homosexuales (lo cual supone por primera vez reconocer dicha realidad y casi equipararla a las heterosexuales).
  • b) Pero dicho reconocimiento ha venido a suponer en la práctica un avance relativo, puesto que si se opta por inscribirse en el Registro de Parejas Estables no Casadas se adquieren una serie de derechos (y obligaciones) que no se tienen en la mera unión, pero que quedan muy lejos de los derechos reconocidos en el matrimonio.
  • c) Se han reconocido algunas de las "clásicas reivindicaciones" tales como la pensión por desequilibrio en las Parejas de Hecho, pero siguen sin cobertura legal otras muchas:
    • pensión de viudedad
    • reconocimiento o equiparación en aspectos tributarios
    • derechos sucesorios plenos

 

ALGUNOS CONSEJOS

  1. Si mantienes una relación estable con tu pareja y deseáis darle un reconocimiento o bien te interesa por motivo prácticos, puedes optar por inscribirte como Pareja Estable no Casada o bien plantearte la posibilidad del matrimonio. Entre otras cosas, debes tener en cuenta qué derechos y deberes te otorga cada una de las dos posibilidades
  2. El matrimonio otorga hoy por hoy muchos más derechos que la Pareja Estable, aunque también tiene sus cargas; por ejemplo, la inscripción y extinción de la Pareja no requiere prácticamente ningún trámite, mientras que la celebración del matrimonio y su disolución (o separación) requieren ciertos trámites y además pueden suponer un coste económico importante.
  3. Respecto a los hijos habidos en común, no resulta muy relevante si los padres están casados, unidos de forma estable o no, puesto que, afortunadamente, en España existe una práctica equiparación plena en este sentido desde la llegada de la democracia.
  4. Si optas finalmente por inscribirte, debes dirigirte al Registro Aragonés de Parejas Estables No Casadas, ubicado en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, sito en el Paseo María Agustín. Como hemos visto, puedes optar por otorgar una Escritura Pública (lo cual conlleva un pequeño coste) o bien acreditar dos años de convivencia previos, normalmente mediante testigos o pruebas documentales.

DÓNDE ACUDIR

CIPAJ. Asesorías para Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es

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  • Campus universitario San Francisco. Casa del Estudiante. Corona de Aragón, 42.
  • Campus universitario Río Ebro (Actur). Edificio Torres Quevedo.

Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 400 338 (ext. 121) o en asesoria@unizar.es

CIPAJ, Centro de Información Juvenil.. Casa de los Morlanes. Plaza San Carlos, 4. 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es