Noticias

RSS PodcastSin entrar en la Web del Ayuntamiento conozca las últimas noticias, elaboradas por la Dirección de Comunicación

El Ayuntamiento requiere a la DGA la entrega de una parte de los antiguos juzgados de plaza del Pilar

16/04/2019.

El Gobierno advierte que si en el plazo de un mes no se firma el convenio, se exigirá por la vía judicial 

Salen a licitación los cuatro bares del Mercado Central 

El Consistorio reclama el deslinde de los suelos de la sociedad Tiro Pichón

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado efectuar un nuevo requerimiento al Gobierno de Aragón para la entrega de una parte del suelo y el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.
En concreto, se trata de la cesión del suelo y vuelo de una finca de 1.966 metros cuadrados colindante a la propia plaza del Pilar y otras dos fincas de 905 y 125 metros cuadrados respectivamente, correspondientes a las calles Las Danzas y Convertidos que el municipio entregó en dos momentos, en 1956 y 1986, para su uso como equipamiento judicial.
Las cesiones venían condicionadas, tal y como establece el artículo 118.3 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, a que mantuvieran su destino durante 30 años. Además, este plazo se flexibilizó tras una la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de febrero de 2006, lo que confiere un derecho de reversión de estos bienes al Ayuntamiento de Zaragoza.
"Queremos decidir sobre los usos de uno de los principales edificios de la plaza icónica de Zaragoza, el Ayuntamiento es capaz de dinamizar usos vecinales y asociativos que devuelvan la actividad social y económica que la retirada de los juzgados a la Expo hurtó al Casco Histórico", ha señalado Muñoz
Se trata del tercer requerimiento formal que el Consistorio zaragozano viene realizando, desde hace más de dos años, a la DGA. De hecho, fue un acuerdo del debate del estado de la ciudad de 2018, en el que se daba un plazo de tres meses para alcanzar un acuerdo y, si no era posible, hacerlo por la vía judicial. ¿Durante este tiempo ha habido numerosos contactos informales que no fructificaron, actuando el Ayuntamiento siempre defendiendo el interés general de las vecinas y vecinos de Zaragoza. De hecho, se ha tramitado la licencia para la instalación de las oficinas del IASS en dicho equipamiento sin haber iniciado la vía judicial hasta el momento", ha indicado el consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz. "Somos conscientes de que la ciudad merece un acuerdo, y por eso estamos dispuestos a renunciar a la propiedad de una parte, que haría inviable todo el proyecto, a cambio de tener un uso compartido del edificio". Así lo ha afirmado el consejero, en referencia a los diferentes borradores de acuerdo que establecían que "el uso por parte del Ayuntamiento del 55% del espacio del edificio principal (que supone un 22% de toda la edificación), con un total de 4.768 metros cuadrados de techo más una utilización de 1.145 metros cuadrados de techo en la planta baja del edificio de ampliación de los juzgados".
La notificación del requerimiento aprobado por el Gobierno de la ciudad se va a trasladar al Ejecutivo aragonés para que en el plazo máximo de un mes se responda o bien se acudirá a la vía judicial.

Cuatro bares acompañarán a los 74 puestos del nuevo Mercado Central

El Gobierno también ha dado luz verde a la licitación de los cuatro bares que se ubicarán en el nuevo Mercado Central Lanuza. Dos de ellos tendrán 18,23 metros cuadrados y el precio por la concesión de 20 años es de 56.817,74 euros y otros dos 23, 79 metros cuadrados, por valor de 70.421,89 euros. El periodo para presentar ofertas son 15 días naturales.

Deslinde de los terrenos de Tiro Pichón

La reclamación de 9.643.0156,76 euros más intereses del procedimiento expropiatorio que el Ayuntamiento discute, al entender que esos suelos son propios y ganados al cauce invadiendo el dominio público hidráulico, se encontró con el dictamen desfavorable del consejo consultivo de Aragón, fundamentado en que no se acreditaba que los suelos expropiados y los suelos que ocuparon el cauce en 1975 fueran los mismos. Por ello, el Gobierno de Zaragoza ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Ebro a que efectúe el deslinde del dominio público hidráulico para demostrar que esos suelos son los mismos por los que ahora se condena al Ayuntamiento a pagar casi 10 millones de euros y que, por tanto, siguen siendo dominio público hidráulico y mantienen su carácter imprescriptible e inembargable, y que por tanto haría improcedente la indemnización.