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El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha denunciado hoy que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que está previsto que se apruebe el próximo viernes en el Consejo de Ministros, ignora reivindicaciones fundamentales para los gobiernos locales. La capital aragonesa, junto a otras ciudades del Estado, ha manifestado hoy su malestar a través de su primer edil, para quien este Plan 'refleja falta de sensibilidad para atender a los colectivos vulnerables, supone un retroceso respecto a los planteamientos de fomento del alquiler y no está en la línea de las políticas públicas de vivienda que se aplican en el resto de Europa'.

Los concejales de Vivienda de los ayuntamientos de Cádiz, Madrid, Coruña, Santiago, Barcelona, Valencia y Zaragoza presentaron alegaciones Plan Estatal y se reunieron con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, el pasado mes de diciembre. Todos ellos coincidieron en que los problemas que se generan por la falta de inversión recaen directamente en los municipios. La administración local, según han manifestado, es quien finalmente tiene que hacer frente a los desahucios, a los problemas que generan las subidas indiscriminadas de los precios de los alquileres y a la falta de un parque público de alquiler social.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, y su concejal, Pablo Híjar, envió sus alegaciones el pasado mes de junio a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, administración responsable de reunir las iniciativas municipales y trasladarlas al Gobierno Central.

El resultado final del Plan no cumple las expectativas de los municipios, que denuncian que han quedado fuera del plan sus propuestas fundamentales para poder dar respuesta a las urgencias que se viven en cada una de las ciudades. Entre otras cuestiones las ciudades consideran necesario:

• Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para alargar la duración de los contratos de alquiler, y evitar los incrementos indiscriminados de precios.

• Revertir los recortes de los últimos años ya que, si continúa la línea actual, las políticas públicas de vivienda desaparecerán en cinco años. Para revertir esta situación hace falta que el presupuesto pase de 467 millones de euros previstos (destinados a todo el Estado español) a 2.000 millones para el 2018. Éste es el primer paso para pasar del 0,059% del PIB (que es lo que representa la actual inversión) al 1,5% del PIB en 10 años, con el fin de equiparar el Estado español al resto de los países europeos referentes en materia de vivienda.

• En concreto, les parece imprescindible incrementar el presupuesto para ampliar el parque público de alquiler y situar al Estado español a nivel de Europa. Actualmente España sólo tiene un 2,5% de vivienda social, un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía. En los países referentes en políticas de vivienda los porcentajes de parque de alquiler público están muy lejos de esto: 24% (Austria), 17% (Reino Unido y Francia).

• Para tirar adelante la promoción de vivienda pública se tienen que habilitar líneas de financiación del Instituto de Crédito oficial y el apoyo del Gobierno.

• Para ampliar el abanico de posibilidades de creación y de acceso a la vivienda a precio asequible hace falta también impulsar nuevos modelos que garanticen la permanencia de la titularidad pública del suelo, como son las cooperativas de viviendas, la cesión de uso, etc.

• Obligar a las entidades financieras y a la SAREB, que fueron rescatadas con dinero público, a incorporar los inmuebles al fondo de viviendas destinadas a alquiler social. En el actual redactado del plan estas aportaciones son voluntarias, lo cual ya se ha demostrado que no es eficaz.

• Orientar las ayudas a la rehabilitación a pequeños propietarios y que estas medidas no supongan como contrapartida un aumento desproporcionado de los precios de los alquileres en el mercado privado.

• Impulsar medidas fiscales que pongan fin a los beneficios de las SOCIMIS puesto que estas empresas repercuten negativamente en el ámbito social del mercado de alquiler y tienen beneficios que superan los 5.000 millones de euros gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales.

     Zaragoza invierte 34 euros por habitante en materia de vivienda

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sumado en esta legislatura mas de 500 viviendas a su parque público de vivienda de alquiler social. Además, ha hecho un importante esfuerzo en políticas de rehabilitación invirtiendo 3.8 millones de euros en el presupuesto de 2018, mientras que en 2015 la partida dedicada a esta materia eran 700.000 euros.. La comparativa del gasto por habitante entre el Gobierno Central, El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza es muy significativa. Mientras el Estado dedica 10 euros por persona, la comunidad aragonesa invierte 13 euros y la cifra se eleva a 34 euros por habitante censado con datos del Consistorio zaragozano.