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Representantes de 17 ciudades denuncian en el Congreso el incumplimiento del Gobierno con la acogida de personas refugiadas

26/09/2017.

Lamentan la opacidad del Gobierno Central en la gestión de los fondos europeos destinados a la acogida e integración de inmigrantes y refugiados y exigen más información y competencias


Hoy, 26 de septiembre, cumple el plazo con la Unión Europea según el cual España tendría que haber acogido a más de 17.000 personas, de las cuales apenas han llegado unas 2.000

Un total de 17 ciudades de todo el Estado se han reunido esta mañana en el Congreso de los Diputados coincidiendo con el cumplimiento hoy, 26 de septiembre, de la fecha límite del compromiso contraído por el Gobierno Central de acoger a 17.000 personas refugiadas que se encuentran en Grecia e Italia, y los campos de reasentamiento de Libia, Turquía y Jordania. De estas personas, han llegado a España menos de 2.000. 

Al encuentro han asistido representantes de las ciudades de Barcelona, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Palma de Mallorca, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Tarragona, Valencia y Zaragoza. Han sido recibidos por representantes políticos de los grupos Compromís, En Comú Podem, En Marea, PdCat, ERC y Unidos Podemos.

Los municipios han querido denunciar, por un lado, la falta de sensibilidad del Estado ante la grave crisis humanitaria, agravada desde 2015 por la guerra de Siria, y por otro, la falta de ayuda que han recibido los ayuntamientos a la hora de atender a las personas refugiadas que se encuentran en las ciudades, donde muchas de ellas llegan por sus propios medios. Los asistentes han puesto en común los problemas que tienen para atender de forma adecuada, y sólo con recursos municipales, a las personas refugiadas que no están siendo atendidas por el Plan estatal de acogida, bien porque no acceden, bien porque ya lo han finalizado.

Todos los participantes han coincidido en destacar la falta de información, por parte del Gobierno Central, sobre cuál es la cifra de personas solicitantes de asilo que llegan a las ciudades; la grave carencia de pisos para alojar a estas personas o el gran esfuerzo de coordinación que deben hacer los municipios con las entidades de atención a personas refugiadas para poder trabajar. Muchos de estos entes locales han puesto en marcha diferentes programas alternativos al Plan de acogida estatal en sus ciudades para atender a aquellas personas refugiadas que quedan fuera de la cobertura del Estado.

Tras escuchar a las ciudades, en su turno de palabra, los representantes de los grupos políticos del Congreso de Diputados han subrayado que, en este ámbito, el Estado se ha desentendido de su compromiso con las personas refugiadas y, al mismo tiempo, ha sido un impedimento para que otros administraciones pudieran hacerlo con los recursos necesarios. En este sentido, ha recordado los impedimentos del Estado para que la Generalitat Valenciana fletase un barco para traer personas refugiadas a España.

Esta cita con los grupos políticos del Congreso de Diputados nace del encuentro que se celebró el pasado junio en Barcelona con los representantes de 25 ciudades refugio, en el que se comprometieron a seguir trabajando juntos para compartir experiencias de éxito en este ámbito y donde se ratificó la Declaración de Barcelona.

 

Zaragoza presenta la cuarta fase de acogida

La vicealcaldesa y consejera de Derechos sociales, Luisa Broto, ha comenzado su intervención en el Congreso de los Diputados recordando que el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el primer momento, ha recogido las voces de los zaragozanos y zaragozanas que mediante manifestaciones, actos públicos y todo tipo de movilizaciones han reclamado que quieren ser una ciudad solidaria. Por ello, el Consistorio se adhirió a la Red de Ciudades Refugio, ha participado en múltiples foros y ha exigido al Gobierno central que cumpla con los acuerdos firmados con la UE.

Broto ha explicado que el pasado mes de julio se reunió con la Secretaria General de Inmigración y Emigración, donde le propuso que las entidades locales puedan participar activamente en la acogida de personas demandantes de protección internacional, de manera urgente, mediante la creación de una última fase en el Programa estatal de refugio que se haga cargo de su integración final en las ciudades.

El Ayuntamiento de Zaragoza todavía no ha recibido ninguna respuesta de la Secretaria General de Inmigración y Emigración, pero, -tal y como anunció la vicealcaldesa el pasado viernes- ya ha puesto en marcha un programa piloto para dotar a la ciudad de Zaragoza de un recurso municipal de acogida para personas refugiadas de carácter complementario al estatal que permita atender las necesidades que no quedan cubiertas por dicho programa.

Según informó Broto, el objetivo de este nuevo programa es abrir vías más cercanas, más especializadas y más sensibles a las necesidades de la personas demandantes de protección internacional mediante el fortalecimiento del trabajo comunitario y en red con las diferentes entidades y administraciones competentes de la ciudad.