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Zaragoza lanza un programa piloto para crear una cuarta fase en la acogida de refugiados

22/09/2017.

Esta nueva iniciativa trata de dar respuesta a las personas que una vez terminen el Programa Estatal de Refugio continúen necesitando apoyo hasta lograr autonomía e integración en la ciudad. Para ello recibirán atención social, ayuda para encontrar empleo y mejorar el idioma, alojamiento y manutención


Actualmente, el Programa Estatal de Refugio cuenta con tres fases que según la vicealcaldesa ?cubren un tiempo insuficiente para la acogida, que provocará que las administraciones más cercanas sean quienes se hagan cargo de estas personas sin recursos suficientes?


El día 26 de septiembre expira el plazo que la Unión Europea impuso a España para que acogiera a 17.337 personas. A fecha de hoy únicamente ha llegado a nuestro país un 13,7% del total


Este martes, coincidiendo con esta fecha límite, un grupo de concejales y concejalas de todo el país acudirá al Congreso de los Diputados para exigirle al Gobierno Central que cumpla sus compromisos y demandarle competencias y financiación para que las entidades locales puedan gestionar la acogida de demandantes de protección internacional

A menos de una semana de que expire el plazo de acogida a refugiados establecido por la Unión Europea (UE), la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, acompañada por el coordinador de área, Nacho Celaya, ha comparecido hoy para volver a exigir al Gobierno Central que cumpla con el compromiso de acoger a 17.337 personas en dos años. España solo ha recibido a 1.980 personas -entre reubicadas (Italia y Grecia) y reasentadas (desde campos de refugiados situados en Líbano y Jordania)-, aproximadamente 11% del total. "De nuevo, desde este Ayuntamiento mostramos nuestra indignación y exigimos que el presidente del Gobierno, Marino Rajoy, responda ante los mínimos compromisos que adquirió en 2015", ha reivindicado Broto.

La vicealcaldesa ha anunciado que el próximo martes, fecha en la que termina el plazo establecido entre los países miembros de la Unión Europa, acudirá junto a otros concejales y concejalas del Estado español al Congreso de los Diputados a presentar la Declaración de Barcelona. En este texto, ratificado el pasado junio, además de exigir al Gobierno Central el cumplimiento de los acuerdos de 2015 también se pide al Estado que se replantee el procedimiento de atención social a solicitantes de asilo con sistemas de coordinación y financiación eficaces con las Comunidades Autónomas y los municipios.

Asimismo, los representantes municipales de A Coruña, Barcelona, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, València y la propia Broto demandarán al Gobierno información de los Fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) -unos 330 millones de euros que la UE destina a España y que en buena parte van a parar al control de fronteras y no a la atención de personas-.

Broto ha recordado que Zaragoza se unió desde el primer momento a la Red de ciudades refugio, compuesta por diferentes municipios que no querían permanecer pasivos ante esta tragedia, y ha participado en diferentes foros donde se ha reclamado al Estado una acción real y contundente. La última de las peticiones del Consistorio de la capital aragonesa fue el pasado mes de junio ante la Secretaria General de Inmigración y Emigración, donde se propuso que las entidades locales puedan participar activamente en la acogida de personas demandantes de protección internacional mediante la creación de una última fase en el Programa Estatal de Refugio que se haga cargo de su integración final en las ciudades.

Actualmente, el Programa Estatal de Refugio cuenta con tres fases, que, como ya explicó la consejera a la Secretaria de Estado "cubren un tiempo insuficiente para la acogida, que provocará que las administraciones más cercanas sean quienes se hagan cargo de estas personas sin recursos suficientes".

Primeros pasos de una última fase para la autonomía e integración de las personas refugiadas

El Ayuntamiento todavía no ha recibido ninguna respuesta de la Secretaria General de Inmigración y Emigración, pero, según ha avanzado hoy Broto, ya ha lanzado un programa piloto para dotar a la ciudad de Zaragoza de un recurso municipal de acogida a personas refugiadas de carácter complementario al estatal que permita atender las necesidades que no quedan cubiertas por dicho programa.

Esta iniciativa pretende ser también una respuesta para aquellas personas y unidades familiares solicitantes de protección internacional con vínculos y arraigo en la ciudad que renuncian al programa estatal por causas justificadas y con las que se podría trabajar a través de un Servicio de Intervención Social.

La consejera ha indicado que este proyecto ·trata de abrir vías más cercanas, más especializadas y más sensibles a las necesidades de la personas demandantes de protección internacional mediante el fortalecimiento del trabajo comunitario y en red con las diferentes entidades y administraciones competentes de la ciudad. Para ello, se acompañará a los participantes en su proceso de inserción social y laboral y garantizará la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento y manutención con el fin de favorecer su autonomía de forma progresiva.

Esta primera experiencia se llevará a cabo de manera coordinada entre el Ayuntamiento y Accem (una de las entidades seleccionadas por el Gobierno Central para gestionar el programa estatal), con una subvención obtenida en la convocatoria de subvenciones de Acción Social de 38.000 euros, hasta el mes de diciembre y se prevé que puedan participar un mínimo de 16 personas de diferentes perfiles.

Desde 2015, el programa de acogida e integración dirigido a solicitantes y beneficiarios de protección internacional ha recibido a 295 personas en Zaragoza y 418 en Aragón. De todas las que llegaron a la Comunidad Autónoma, solo 87 han sido reubicadas de Italia o Grecia o reasentadas desde Líbano o Jordania, es decir el 20,8%. Las demás, un 79,2%, han llegado directamente a nuestras fronteras -por lo que no se computan dentro de los acuerdos de la Unión Europea-.