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Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela han presentado este miércoles en Barcelona sus alegaciones al proyecto de Real Decreto-Ley a través del cual el Ministerio de Energía del Gobierno prevé regular el bono social y la figura del 'consumidor vulnerable'. En un acto conjunto celebrado en el consistorio barcelonés, las ocho ciudades han puesto de manifiesto que el proyecto que ha elaborado el ejecutivo del PP no resuelve la problemática de la pobreza energética ni da respuesta a las miles de familias que se encuentran en esta situación.

Medidas estructurales, no superficiales

La vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales de Zaragoza, Luisa Broto, ha explicado que durante el pasado año 2016 el ayuntamiento tramitó 5.559 ayudas para pago de suministro energético por una cuantía de casi 600.000 euros. Desde 2009 estas ayudas han sufrido un incremento del 270% tanto en su número como en su cuantía.
Cifras como éstas demuestran, según Luisa Broto, que 'el acceso a la energía no es algo que se pueda abordar con medidas cosméticas como este reglamento del bono social'.
La vicealcaldesa ha señalado que el problema de la pobreza energética 'no puede abordarse de manera individual, sino que son necesarias medidas de carácter estructural' y ha incidido en que 'no es tolerable aceptar como normal el corte de la electricidad', un suministro básico 'que debe garantizarse de forma suficiente para una vida digna'.

Criterios cuestionables

Representantes de los ayuntamientos de ocho de las principales ciudades de España han lamentado que el proyecto de Real Decreto anteponga la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable, porque la defensa de estas familias que podrían encontrarse en riesgo de exclusión social se supedita a la existencia previa de una Administración Pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes, y porque además deja en las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerabilidad del consumidor.
La reforma contempla además diversos criterios cuestionables desde el punto de vista de diseño de las políticas sociales, como es el hecho que el Gobierno calcule de antemano que el bono social lo pedirán tan solo un 45% de las personas que podrían recibirlo. Entre las alegaciones, se expone que diseñar una ayuda sabiendo que el 55% de los potenciales beneficiarios no la recibirán nunca es el reflejo de una nula sensibilidad social. De hecho, los descuentos previstos en la factura energética que recoge el bono social oscilan entre un 25% y un 40% en función del grado de vulnerabilidad del beneficiario, mientras que las ciudades consideran que debería de ampliarse hasta el 50% y el 100%, según los casos.

Nuevo ataque a la autonomía local

Los ocho ayuntamientos ven igualmente en el proyecto de reforma del Gobierno del PP un ataque al principio de precaución que debería primar en el corte de suministros, al entender que ésta es la manera más eficaz de evitar accidentes domésticos y eventuales tragedias. Esto es así porque, además de fijar un restrictivo criterio de renta, el proyecto de ley fija dos criterios adicionales que no están vinculados con la situación económica familiar: estar atendido por los servicios sociales (solo un porcentaje pequeño de las familias que sufren pobreza energética están atendidas en estos servicios) y que la administración autonómica o local financie al menos el 50% de las facturas impagadas y futuras. La arbitrariedad llega hasta el punto que el decreto incluye al conjunto de familias numerosas en la categoría de vulnerabilidad, automáticamente y sin tener en cuenta su renta, por lo que se podría dar el caso que una familia numerosa con una renta alta sea considerada vulnerable y se vea bonificada en sus recibos mensuales. Además, el bono social solo protege a unidades familiares, lo que deja fuera a todos aquellos hogares en los que solo vive una persona.
Adicionalmente, los ayuntamientos ven en esta última medida un nuevo ataque a su autonomía y una sobrecarga adicional a sus limitados recursos, sin ningún tipo de refuerzo, e insisten en que antes de proceder a un corte en el suministro eléctrico debería ser obligatorio la existencia de un informe de los servicios sociales que acredite la situación de la familia afectada.
Además, la gestión del bono social se centraliza en las grandes comercializadoras de energía y obvia a las pequeñas que sin embargo sí tienen que contribuir a su financiación, lo que constituye una limitación de la supuesta liberalización del mercado eléctrico y un ataque directo a la viabilidad de las empresas pequeñas.
Por todas estas cuestiones, y porque la reforma supone también un retroceso respecto a las legislaciones autonómicas que ya habían regulado los casos de pobreza energética, los ayuntamientos solicitan igualmente que sean las Comunidades Autónomas las encargadas de fijar en sus respectivos territorios los criterios que definan al consumidor vulnerable y las categorías y requisitos que deba cumplir en cada caso.
El acto celebrado en Barcelona ha contado con la representación de la primera teniente de alcalde de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras; la teniente de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz; la tercera teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo; la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto; la tercera teniente de alcalde de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de A Coruña, Silvia Cameán; el concejal delegado de Servicios Sociales, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo; el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, y la concejala de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Concepción Fernández.